La Legislatura comienza a debatir dos proyectos para financiar educación y salud en Tierra del Fuego
Funcionarios del Ejecutivo fueron convocados a la comisión de Educación para analizar las iniciativas impulsadas por el Gobierno provincial y bloques opositores. Las propuestas plantean nuevos esquemas de financiamiento en medio de la crisis fiscal y el retiro de fondos nacionales.
La Legislatura de Tierra del Fuego comenzará este miércoles el análisis de dos proyectos vinculados al financiamiento educativo y sanitario en la provincia, en un escenario marcado por la caída de recursos nacionales y la creciente presión sobre las cuentas públicas. Porque en Argentina ya no se discute solamente cómo mejorar la educación, sino directamente cómo mantenerla encendida sin que explote el tablero eléctrico fiscal.
La reunión de la comisión de Educación fue convocada para las 10 de la mañana y contará con la presencia del ministro de Economía, Alejandro Barrozo; el ministro de Educación, Pablo López Silva; y el presidente de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio.
Durante el encuentro se debatirán dos iniciativas diferentes: una impulsada por el Poder Ejecutivo y otra presentada por bloques opositores junto a sectores aliados.
El proyecto opositor, acompañado por legisladores del Partido Justicialista, Movimiento Popular Fueguino, Partido Verde, Somos Fueguinos y Provincia Grande, propone crear un Fondo de Financiamiento Educativo anual y específico, complementario al presupuesto del Ministerio de Educación.
La iniciativa establece que los recursos deberán administrarse en una cuenta diferenciada y no podrán utilizarse para reemplazar partidas presupuestarias ordinarias. Además, plantea destinar esos fondos a salarios docentes, infraestructura escolar, equipamiento, inclusión educativa y formación profesional.
Uno de los puntos centrales del proyecto es modificar el actual Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales para que el 60% de lo recaudado se destine automáticamente a educación y el 40% restante a salud.
Según los fundamentos del proyecto, durante 2025 ese fondo distribuyó recursos sin una prioridad clara para el sistema educativo: el 44,35% fue a salud, el 29,71% a Economía, el 23,57% a Educación y el resto a Obras Públicas.
La propuesta también plantea reemplazar el actual Fondo de Asistencia a la Activación Económica por un Fondo de Financiamiento Pedagógico financiado con ingresos provenientes de actividades financieras. Además, incorpora recursos adicionales provenientes de empresas estatales, aportes específicos y programas nacionales o internacionales.
Entre las prioridades definidas figuran la recomposición salarial docente, el mantenimiento y construcción de escuelas, la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de programas de inclusión.
Asimismo, el proyecto prevé la creación de un Observatorio de Financiamiento Educativo integrado por organismos estatales, sindicatos y organizaciones civiles, encargado de controlar la ejecución de recursos y monitorear indicadores del sistema.
Por su parte, el Ejecutivo provincial impulsa un Régimen de Financiamiento Integral para educación y salud basado en metas de inversión progresivas y sostenibilidad fiscal.
La iniciativa propone alcanzar en un plazo de cinco años una inversión equivalente al 13% del Producto Bruto Geográfico provincial, distribuyendo el 60% para educación y el 40% para salud.
El esquema oficial contempla una implementación gradual, comenzando con un 7,5% el primer año, y establece mecanismos de ajuste automático si la economía provincial no muestra crecimiento o si caen la coparticipación y la recaudación.
En cuanto al financiamiento, el proyecto del Gobierno prevé combinar rentas generales con nuevos recursos específicos, entre ellos utilidades de empresas estatales, ingresos vinculados al desarrollo del hidrógeno verde y parte de la recaudación generada por modificaciones en el Impuesto Inmobiliario.
Este último punto podría volver a generar tensión entre la Provincia y los municipios por la discusión sobre la determinación y percepción del tributo inmobiliario urbano.
La propuesta oficial también fija pisos mínimos para infraestructura, equipamiento tecnológico y salarios docentes y del personal de salud, con el objetivo de acercar los ingresos a la Canasta Básica Total.