La Justicia ordenó reabrir la causa por el ciberataque al PAMI en 2023
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió reactivar la investigación vinculada al hackeo sufrido por el PAMI en agosto de 2023, a partir de un pedido impulsado por las actuales autoridades del organismo. La decisión fue tomada por mayoría, con votos a favor de los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky, y la disidencia de Gustavo Hornos.
El expediente, que había sido archivado, será nuevamente analizado por el Juzgado Federal N°9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de que los magistrados consideraran que aún existen pruebas por producir. En su argumentación, Carbajo calificó el cierre previo como “prematuro” y destacó que restan medidas que podrían ayudar a identificar a los responsables.
Entre las diligencias pendientes, se señaló la necesidad de contactar a organismos internacionales como Europol, en el marco de la cooperación internacional para el abordaje de delitos cibernéticos de carácter transnacional, que afectan a instituciones públicas aprovechando vulnerabilidades en sus sistemas.
Uno de los elementos incorporados a la investigación es una causa que tramita en la provincia de Córdoba, en la que se investiga a Tiziano Palacios Arriondo. El sospechoso habría adquirido y comercializado información robada al PAMI, como bases de datos de afiliados, claves de acceso, credenciales digitales de médicos y sistemas de gestión, incluyendo la plataforma de recetas electrónicas.
Según consta en la resolución, el ciberataque fue realizado mediante un software de tipo ransomware, lo que implicó una intromisión ilegal a los sistemas restringidos del organismo y una violación al resguardo de datos sensibles.
Los jueces advirtieron que ataques informáticos de esta naturaleza, cada vez más frecuentes, suelen requerir días o incluso semanas para su recuperación, y en algunos casos, las pérdidas son irreversibles. Además, señalaron que este tipo de delitos suelen estar ligados al crimen organizado internacional, por lo que se requiere un abordaje que supere las fronteras nacionales.
Con esta decisión, se espera que la Justicia avance en una línea de investigación más amplia y exhaustiva, que permita esclarecer uno de los incidentes de ciberseguridad más relevantes ocurridos en el país en los últimos años.