Separan de la fuerza a dos policías provinciales tras comprobación de faltas graves
El gobierno de Tierra del Fuego resolvió la desvinculación de dos efectivos de la policía provincial luego de haberse confirmado, mediante sumarios administrativos, su responsabilidad en hechos considerados de extrema gravedad. Ambos casos fueron analizados y resueltos conforme a lo estipulado por la Ley Provincial N° 735, que regula el régimen disciplinario de la fuerza.
Uno de los agentes, Martín Luciano Fleitas, fue exonerado por ejercer violencia física contra su expareja en un episodio ocurrido en noviembre de 2019, en Río Grande. La sanción fue dispuesta mediante el Decreto 1413/25, firmado el 20 de mayo por la vicegobernadora Mónica Urquiza y la ministra Gabriela Castillo. La medida se tomó tras una sentencia firme del Juzgado Correccional del Distrito Judicial Norte, que lo condenó a un año de prisión en suspenso por lesiones leves agravadas por el vínculo y la violencia de género.
El decreto que formaliza su exoneración indica que el accionar de Fleitas constituye una grave transgresión a los principios que deben regir la conducta de un miembro de la institución policial, afectando el prestigio de la fuerza y quebrantando la confianza pública en la misma.
El segundo caso involucra al agente César Alberto Allue, quien fue cesanteado tras un episodio ocurrido durante una celebración en el quincho del SUTEF, en diciembre de 2018. Según el sumario, Allue se encontraba en estado de ebriedad, protagonizó disturbios y llegó incluso a morder a otra persona. El informe policial detalló que el efectivo presentaba dificultades para hablar, mantenerse de pie y evidenciaba signos claros de intoxicación alcohólica.
El Decreto 1412/25, también fechado el 20 de mayo, determinó su cesantía por haber incurrido en conductas incompatibles con la vida social y la responsabilidad que implica formar parte de la Policía Provincial. Cabe destacar que el recurso de reconsideración que presentó Allue fue rechazado por la Jefatura mediante resolución 172/19.
Ambos ex agentes fueron notificados formalmente de las decisiones y se les informó sobre sus derechos a recurrir las sanciones por vía administrativa dentro de los 10 días, o bien presentar acciones judiciales en un plazo máximo de 90 días, de acuerdo a lo establecido por la Ley Provincial N.º 141.