La Justicia ordenó a Google restituir la cuenta de un camarista y cuestionó sus sistemas automatizados
Un fallo de la Justicia Federal ordenó a Google restituir la cuenta del camarista penal Andrés Leonelli, que había sido suspendida tras un reporte automático que vinculó de manera errónea material de una causa judicial con contenido ilícito.
La resolución judicial dispuso no solo la restitución de la cuenta, sino también la preservación de toda la información almacenada, al considerar que la empresa actuó sin un análisis razonable del contexto ni de los descargos presentados por el usuario.
El origen del conflicto se remonta a un reporte internacional generado por los sistemas de la plataforma, que interpretaron como contenido ilegal documentación vinculada a una causa judicial. Según explicó Leonelli, el material estaba debidamente identificado, con número de expediente, archivos explicativos y documentación oficial, lo que permitía entender claramente su naturaleza.
Sin embargo, la empresa avanzó con la suspensión sin contemplar esa información. “Se hizo un reporte absolutamente infundado cuando tenían todos los elementos para corroborar que era material de una causa”, sostuvo el magistrado, quien además señaló que sus descargos previos fueron ignorados.
El fallo también cuestiona el funcionamiento de los mecanismos de control de la compañía. Según Leonelli, la empresa sostiene que existe supervisión humana en estos procesos, pero en este caso “no hubo ningún control razonable que permitiera advertir el contexto del material”.
En esa línea, la decisión judicial entiende que no hubo un procesamiento lógico de la información disponible, lo que derivó en una medida que afectó directamente los derechos del usuario.
El caso suma además un antecedente en el ámbito administrativo. De acuerdo con el camarista, la empresa ya había sido sancionada por organismos de Defensa del Consumidor por vulnerar el derecho de defensa del usuario y no respetar sus propios protocolos.
Más allá del caso puntual, Leonelli planteó una crítica al modelo de funcionamiento de las grandes plataformas tecnológicas. “Para estas empresas es más barato automatizar que analizar”, afirmó, y advirtió que ese enfoque puede generar consecuencias graves en la vida de las personas.
También cuestionó la idea de gratuidad de estos servicios, al señalar que las compañías obtienen beneficios económicos a partir del uso de datos personales de los usuarios.
El impacto de la situación, según describió, fue significativo: “Lo que viví fue un infierno”, expresó, al referirse a las consecuencias personales y judiciales que derivaron de la suspensión.
La causa continúa en trámite y el cumplimiento de la medida por parte de la empresa será clave para definir los próximos pasos. No se descarta la posibilidad de avanzar con una demanda por daños y perjuicios.