La Justicia advierte que las amenazas en escuelas son delitos graves y se investigan penalmente
La Justicia provincial avanza en la investigación de una serie de amenazas anónimas registradas en establecimientos educativos de Tierra del Fuego, un fenómeno que también se replica en otras provincias del país y que, según el Ministerio Público Fiscal, tiene consecuencias penales concretas.
El fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia y jefe de fiscales, Eduardo Urquiza, explicó que cada denuncia activa la intervención inmediata del Ministerio Público. “Las denuncias dan lugar al impulso de la acción penal, porque estamos frente a la presunción de delitos”, señaló.
En ese sentido, advirtió que estas conductas no deben minimizarse. “Si alguien entiende que esto es una broma, hay que dejar claro que no lo es”, sostuvo, y recordó que las amenazas anónimas prevén penas de 1 a 3 años de prisión, mientras que la intimidación pública puede alcanzar de 2 a 6 años.
Las causas se iniciaron principalmente a partir de denuncias de autoridades escolares, con intervenciones tanto en Río Grande como en Ushuaia, donde los casos se tramitan en distintos juzgados según la jurisdicción.
Urquiza remarcó además que uno de los desafíos de la investigación es la identificación de los responsables, ya que no siempre se cuenta con datos inmediatos sobre su autoría. En ese sentido, indicó que no se descarta la participación tanto de menores como de adultos.
El funcionario señaló también que el Poder Judicial trabaja en articulación con otros organismos para abordar la problemática de manera integral, en conjunto con el sistema educativo.
Por último, advirtió sobre el régimen penal juvenil vigente, que establece responsabilidad penal desde los 14 años, y subrayó la necesidad de concientizar sobre la gravedad de este tipo de hechos. “No son juegos, son delitos”, remarcó.
Las investigaciones continúan en curso mientras se buscan identificar a los autores de las amenazas.