La Fiscalía sostuvo que el recurso ante la Corte no suspende el proceso electoral por la reforma constitucional
El Ministerio Público Fiscal se expidió en el marco de las actuaciones vinculadas al proceso electoral para la reforma parcial de la Constitución de Tierra del Fuego y sostuvo que la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no suspende automáticamente el desarrollo del proceso electoral en curso.
La intervención de la Fiscalía se produjo luego de que la Justicia Electoral decidiera suspender momentáneamente la emisión del cronograma para la elección de convencionales constituyentes prevista para el 9 de agosto de 2026 y remitiera las actuaciones para dictamen.
La medida había sido adoptada ante la incertidumbre jurídica generada por la existencia de un recurso de queja pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Lechman c/ Provincia de Tierra del Fuego”, además de la reciente derogación de la Ley 1529 aprobada por la Legislatura y posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo provincial.
En su dictamen, el Ministerio Público Fiscal señaló que el artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que mientras la Corte Suprema no haga lugar al recurso de queja, el proceso judicial no queda suspendido.
Respecto del decreto de convocatoria a elecciones y de la ley sancionada para intentar frenar el proceso de reforma constitucional, la Fiscalía indicó que cualquier intervención judicial requiere la existencia de un “caso o controversia judicial” concreta.
Además, el organismo remarcó la necesidad de actuar con “máxima prudencia” frente a cuestiones de naturaleza política e institucional.
El dictamen también ratificó que la competencia para definir y administrar el cronograma electoral corresponde al Juzgado Electoral, en el marco de lo establecido por la Ley Provincial 201.
Finalmente, la Fiscalía sostuvo que la jueza electoral cuenta con competencia y jurisdicción para intervenir durante la etapa actualmente en curso y adoptar las medidas necesarias para “brindar certeza y claridad al electorado”.