La Armada Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo para reforzar la vigilancia en el Atlántico Sur
La Armada Argentina y el Comando Sur de Estados Unidos firmaron una Carta de Intención para poner en marcha el programa “Protección de los Bienes Comunes Globales”, una iniciativa de cooperación orientada a fortalecer la vigilancia y seguridad marítima en el Atlántico Sur durante los próximos cinco años.
El acuerdo fue suscripto por el almirante Juan Carlos Romay y el contraalmirante Carlos Sardiello.
Según informaron el Comando Sur y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el programa comenzará con la entrega de una cámara Wescam MX-10 especializada en vigilancia marítima, que será instalada en una aeronave de patrulla de la Armada Argentina.
El sistema permitirá ampliar las capacidades de monitoreo sobre el Atlántico Sur y la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina frente a amenazas como la pesca ilegal, el tráfico ilícito y otras actividades marítimas consideradas de riesgo.
Fuentes vinculadas al proyecto indicaron que el equipamiento será integrado inicialmente a uno de los aviones Beechcraft B-200 incorporados por la Armada en 2024 y que, en etapas posteriores, también podrían sumarse aeronaves P-3 Orion adquiridas a Noruega para tareas de exploración y control marítimo.
El programa contempla además futuras instancias de entrenamiento especializado, incorporación de equipamiento adicional y cooperación operativa para reforzar las capacidades de detección e interceptación de amenazas en el mar.
La difusión pública del acuerdo generó malestar dentro del Ministerio de Defensa, donde, según trascendió, no estaban al tanto del acto encabezado por Romay junto a autoridades militares estadounidenses.
Fuentes vinculadas a la cartera señalaron que el ministro Carlos Presti ordenó trabajar en una estrategia comunicacional para reencuadrar políticamente la noticia y remarcar que cualquier cooperación internacional en materia militar se desarrolla bajo conducción política del Ministerio de Defensa y dentro de los lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo.
Uno de los puntos que generó preocupación fue el uso del concepto “bienes comunes globales” aplicado al Atlántico Sur, un término considerado sensible dentro de la política exterior y de defensa argentina.
Desde sectores políticos y especialistas en defensa también surgieron cuestionamientos y pedidos de precisiones sobre el alcance operativo del programa y el eventual nivel de participación que podrían tener efectivos o medios estadounidenses en futuras tareas vinculadas al control marítimo en la región.
El concepto de “bienes comunes globales” hace referencia a espacios y recursos considerados esenciales para la comunidad internacional, como océanos, bosques, agua dulce y otros ecosistemas estratégicos. Según las explicaciones difundidas, el programa no implicaría injerencia estadounidense sobre aspectos vinculados a la soberanía marítima argentina.
En el caso argentino, el foco principal está puesto sobre la pesca ilegal y la actividad de flotas extranjeras que operan en el límite de la milla 201, una de las principales preocupaciones vinculadas al control y protección de los recursos pesqueros nacionales.
El entendimiento se da además en un contexto de creciente cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos, que en los últimos meses incluyó ejercicios conjuntos en el Atlántico Sur y visitas oficiales de autoridades militares estadounidenses al país.