La fiscal rechazó la homologación del acuerdo y la causa irá a juicio
Luego de más de siete meses de espera, la Fiscal de Género, María Paula Schapochnik, rechazó el acuerdo privado entre Carla Kirstein y Marcelo Guzmán, determinando que la causa deberá resolverse en juicio.
El caso se hizo público en agosto de 2022, cuando Kirstein denunció a Guzmán por violencia doméstica y difundiera un video mostrando lesiones en su rostro y cuerpo. Guzmán, quien se desempeñaba como Relator en el Superior Tribunal de Justicia para el vocal Ernesto Löffler, fue apartado de su cargo tras la denuncia.
La investigación avanzó y, aunque las pericias realizadas no demostraron que Guzmán fuera el autor de las lesiones exhibidas por Kirstein, el caso derivó en un proceso judicial. Inicialmente, el juicio oral estaba previsto para 2026, pero en el último tiempo se intentó cerrar la causa mediante un acuerdo privado entre ambas partes, el cual necesitaba ser homologado por la fiscal Schapochnik.
En su resolución, la fiscal argumentó que “no corresponde la resolución alternativa del conflicto a través de la reparación integral o conciliación, y el acuerdo que se acompaña no resulta viable ni favorable a los intereses de la víctima”. Además, sostuvo que Guzmán no ha manifestado señales de arrepentimiento ni reflexión sobre los hechos, lo que, según la Fiscalía, refuerza la necesidad de continuar con el proceso judicial.
Uno de los puntos del acuerdo rechazado estipulaba que Guzmán pagaría una suma de dinero derivada de haberes retroactivos que, según su versión, le adeuda el Poder Judicial tras su desvinculación. Sin embargo, la fiscal argumentó que no hay certeza sobre su reincorporación al cargo, por lo que el acuerdo no garantiza una reparación efectiva.
Finalmente, Schapochnik afirmó que la falta de un compromiso explícito por parte de Guzmán, así como la ausencia de una disculpa formal a la víctima, justifican la continuidad del proceso judicial. Con esta decisión, la causa avanzará a la instancia de juicio oral, donde se determinará la responsabilidad del exrelator del Superior Tribunal de Justicia.