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Familias de Río Grande denuncian irregularidades en el Juzgado de Familia N° 2

Un grupo de madres y padres de Río Grande conformó la Red de Lucha por Justicia, una iniciativa que busca exponer fallas en el sistema judicial y reclamar por el impacto que estas generan en los derechos de sus hijos e hijas. La principal preocupación de los denunciantes es la acumulación de expedientes, la falta de criterios claros en las resoluciones y las prolongadas demoras en los procesos judiciales.

Las críticas apuntan directamente a la gestión de la jueza Marina Montero, quien está al frente del Juzgado de Familia N° 2 de la ciudad. Según los integrantes de la Red, hay casos en los que los expedientes son ignorados o resueltos arbitrariamente, generando largos períodos de espera que afectan gravemente la vida familiar.

Testimonios de padres afectados

Romina Nieto, una de las madres que integra la Red, contó que lleva más de seis años esperando el cumplimiento de fallos judiciales sin obtener respuestas claras. En declaraciones a Radio Provincia, denunció que la falta de resolución en su caso la obliga a cubrir gastos que deberían ser responsabilidad del progenitor de sus hijas. «Lo que paga el padre es una deuda con mis abogados, porque son años de lucha judicial», expresó.

Por su parte, Cristian Lucero relató su experiencia con el Juzgado, que comenzó en 2018, cuando se enteró de que su pareja estaba embarazada. Desde entonces, asegura que ha enfrentado acusaciones infundadas que han obstaculizado su vínculo con su hija. «Lo único que pido es saber qué está pasando con el Juzgado de Familia N°2. Hay padres con prohibiciones de acercamiento sin justificación, lo que dificulta la relación con sus hijos», manifestó.

Miedo a represalias y reclamo por justicia

Los miembros de la Red coinciden en que existe temor entre las familias afectadas por las posibles consecuencias de sus denuncias. «Tenemos miedo de que nos salgan sentencias en contra, que los expedientes se sigan acumulando o que no se cumplan las resoluciones», afirmó Nieto, quien insistió en la importancia de visibilizar estas problemáticas.

Según explicaron, algunos profesionales del Juzgado han sugerido a ciertos padres que dejen de hacer denuncias públicas a cambio de «soluciones» para sus casos. Sin embargo, los integrantes de la Red aseguran que no buscan beneficios individuales, sino que se garantice el cumplimiento de la ley para todos. «No es una cuestión de género, sino de derechos vulnerados. Nuestros hijos y nosotros merecemos justicia«, concluyó Nieto.

El reclamo de estas familias pone en el centro del debate el funcionamiento del Juzgado de Familia N° 2 de Río Grande, mientras exigen mayor transparencia, respuestas claras y procesos judiciales más ágiles.

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