El Senado aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil y bajó la edad de imputabilidad a 14 años
Con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, la Cámara Alta sancionó una reforma histórica que redefine la responsabilidad penal adolescente en Argentina
Buenos Aires. El Senado de la Nación Argentina aprobó en general el nuevo Régimen Penal Juvenil con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, superando la mayoría requerida y convirtiendo en ley una de las reformas más relevantes del sistema penal argentino en las últimas décadas.
La iniciativa establece la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, dejando sin efecto el régimen vigente desde 1980 y modificando de manera sustancial el abordaje judicial de adolescentes que cometan delitos. Con esta sanción, el Congreso de la Nación Argentina redefine el esquema de responsabilidad penal para jóvenes de entre 14 y 17 años.
Una reforma estructural del sistema juvenil
El nuevo régimen introduce un sistema penal específico para adolescentes, diferenciando su tratamiento respecto del régimen de adultos e incorporando criterios de responsabilidad progresiva.
Entre los principales puntos de la normativa se destacan:
- La baja de la edad mínima de imputabilidad a 14 años.
- La creación de procedimientos y tribunales especializados en justicia penal juvenil.
- La aplicación de sanciones diferenciadas y límites máximos de pena.
- El cumplimiento de eventuales penas en instituciones especializadas y separadas del sistema penitenciario adulto.
- La incorporación de medidas socioeducativas y alternativas a la privación de libertad orientadas a la reinserción social.
La ley excluye la posibilidad de cadena perpetua para menores y establece un enfoque que combina sanción penal con mecanismos de recuperación social.
El respaldo del oficialismo
El proyecto fue impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei y acompañado por el bloque oficialista La Libertad Avanza junto a legisladores aliados.
Desde el oficialismo argumentaron que la legislación anterior había quedado desactualizada frente a nuevas modalidades delictivas y señalaron que la reforma busca otorgar herramientas judiciales para intervenir en delitos graves cometidos por menores, evitando situaciones de impunidad.
Según sus defensores, el nuevo sistema mantiene un equilibrio entre responsabilidad penal y reinserción social.
Objeciones y debate social
Durante el tratamiento parlamentario, sectores de la oposición y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de la niñez expresaron cuestionamientos al proyecto. Entre las principales advertencias señalaron que la reducción de la edad de imputabilidad no constituye una solución estructural a la inseguridad y reclamaron políticas preventivas en materia educativa, social y laboral.
Especialistas en derecho penal juvenil coincidieron en que el principal desafío será la implementación efectiva del régimen, especialmente en infraestructura, capacitación judicial y programas interdisciplinarios de reintegración.
Un punto de inflexión legislativo
La aprobación del Régimen Penal Juvenil marca un cambio profundo en la política criminal argentina luego de más de cuatro décadas sin modificaciones sustanciales en materia de responsabilidad penal adolescente.
La votación final —44 votos positivos, 27 negativos y una abstención— expone además una discusión de fondo sobre el equilibrio entre seguridad pública, justicia penal y protección de derechos de jóvenes en conflicto con la ley.
A partir de su promulgación, la reglamentación y aplicación práctica del nuevo sistema serán determinantes para medir el impacto real de una reforma que ya se ubica entre las más trascendentes del actual período legislativo.