El Gobierno reforzó el trabajo del Órgano de Revisión de Salud Mental para garantizar derechos
El Gobierno de Tierra del Fuego realizó una nueva reunión plenaria del Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM), un espacio interinstitucional destinado a promover, proteger y garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.
El organismo está integrado por representantes de la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad, la Secretaría de Salud Mental, el Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil que representan tanto a profesionales como a usuarios del sistema, con el objetivo de supervisar intervenciones, monitorear el cumplimiento de la normativa y contribuir al diseño de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos.
Durante el encuentro se analizaron dos casos considerados relevantes, evaluando las acciones desarrolladas por los distintos organismos involucrados y definiendo nuevas medidas de acompañamiento y seguimiento para garantizar el acceso efectivo a los derechos de las personas usuarias.
Además, se informaron avances en las gestiones realizadas ante la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), que permitieron resolver situaciones vinculadas con la provisión de medicamentos para pacientes de salud mental, dando respuesta a demandas que requerían una intervención conjunta.
La secretaria de Derechos Humanos e Igualdad, Sonia Splausky, destacó que el funcionamiento permanente del órgano responde a una decisión de fortalecer las políticas públicas de salud mental desde una perspectiva de derechos humanos.
«Este espacio nos permite articular con distintos organismos e instituciones para acompañar situaciones complejas, monitorear intervenciones y trabajar para que cada persona usuaria acceda efectivamente a los derechos que le corresponden», afirmó.
Durante la reunión también se presentaron las acciones impulsadas por la Subsecretaría de Cultos, orientadas a fortalecer las redes comunitarias de acompañamiento e inclusión social de las personas usuarias de los servicios de salud mental.
Entre las medidas acordadas se resolvió avanzar en la implementación de un sistema de registro y seguimiento de los casos abordados por los equipos técnicos, con el objetivo de mejorar la articulación entre instituciones y generar información que contribuya al diseño de políticas públicas basadas en evidencia.
Splausky remarcó que la salud mental requiere un trabajo permanente y coordinado entre los distintos organismos del Estado. «Es fundamental contar con un órgano activo que no solo supervise el cumplimiento de la ley, sino que también impulse acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y sus familias», sostuvo.
La funcionaria recordó que la plenaria del ORSM se reúne formalmente una vez por mes, aunque las tareas de seguimiento e intervención se desarrollan de manera continua a través de los equipos técnicos que integran el organismo.
Finalmente, aseguró que el Gobierno continuará fortaleciendo este espacio. «Creemos en una salud mental comunitaria, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana. Garantizar derechos es una responsabilidad del Estado y una prioridad de esta gestión», concluyó.