El Gobierno reformará por decreto las funciones de Gendarmería, Prefectura y PSA
Buenos Aires – El Ejecutivo nacional avanzará con una reforma por decreto que modificará las funciones de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El objetivo es evitar superposiciones en operativos conjuntos y delimitar claramente las zonas de actuación y responsabilidades específicas de cada fuerza federal.
La medida, que será publicada en el Boletín Oficial en los próximos días, implicará cambios en las leyes orgánicas de cada institución (21.521 para Gendarmería, 19.349 para Prefectura y 18.398 para PSA), en línea con la reciente transformación de la Policía Federal Argentina en una fuerza orientada a la investigación criminal, similar al FBI de los Estados Unidos.
Según trascendió, la PSA pasará a ser una “policía de transporte”, abocada exclusivamente a la seguridad en infraestructuras vinculadas al transporte público, como aeropuertos, estaciones de trenes y terminales de colectivos. Esta redefinición buscará evitar el uso de efectivos de la Policía Federal en funciones operativas que podrían ser cubiertas por la PSA.
La Prefectura Naval, por su parte, mantendrá su responsabilidad sobre la seguridad en aguas navegables, costas y puertos bajo jurisdicción nacional, mientras que Gendarmería continuará cumpliendo funciones vinculadas a la vigilancia de fronteras, prevención del contrabando, migraciones irregulares y situaciones de alteración del orden público de gran magnitud.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsa la reestructuración tanto de las misiones como del sistema de reclutamiento y distribución de personal en cada fuerza. La iniciativa se inspira en el modelo estadounidense, donde distintas agencias poseen funciones claramente diferenciadas, como la Guardia Nacional, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Guardia Costera.
Desde el Gobierno indicaron que el propósito es “concentrar las capacidades de cada fuerza en tareas específicas, evitando duplicaciones operativas”.
La reforma se acelerará antes del 8 de julio, fecha en la que vencen las facultades delegadas al Ejecutivo para transformar organismos del Estado sin necesidad de pasar por el Congreso. En Casa Rosada confirmaron que no se buscará prorrogar esas atribuciones ni emitir un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ese fin.