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El Gobierno recusó al juez Löffler por prejuzgar y demorar una sentencia clave sobre la reforma constitucional

El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego formalizó la recusación del juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto “Nene” Löffler, a quien acusa de prejuzgamiento y de demorar sin justificación la resolución de una causa clave vinculada a la reforma de la Constitución provincial. La medida fue presentada por el fiscal subrogante Antonio Petkos, con patrocinio del abogado Emiliano Fossatto, y se fundamenta en los artículos 28, incisos 7 y 10, del Código Procesal Civil local.

Según la presentación, Löffler habría emitido declaraciones públicas contrarias al proceso de reforma incluso antes del inicio del litigio. En particular, se citan fragmentos de su libro La Constitución Fueguina comentada y declaraciones radiales en las que sostuvo que “no hay que tocar los textos constitucionales” y que reformar la Carta Magna “en contextos de crisis” altera “la esencia del pensamiento social”. Para el Ejecutivo, estas expresiones constituyen un claro adelanto de opinión que compromete su imparcialidad.

Además del prejuzgamiento, la recusación cuestiona la demora en resolver los expedientes acumulados “Lechman” y “Rossi”, que cuestionan la validez del proceso reformista. Según se expone, los trámites permanecieron estancados durante meses en la vocalía de Löffler, quien incluso habría retenido el expediente tras un pedido formal para extraer copias. La Secretaría de Demandas Originarias del Tribunal confirmó que recién el 27 de mayo el expediente fue devuelto.

El Gobierno también denunció restricciones al acceso digital del expediente, la reserva del dictamen fiscal y otras maniobras que —a su entender— configuran “una dinámica procesal opaca, restrictiva y deliberadamente dilatoria”. En ese sentido, advirtió que la conducta del magistrado “erosiona la confianza pública en las instituciones” y “pone en crisis la vigencia efectiva del Estado de Derecho”.

En el escrito se sostiene que Löffler ha incurrido de forma “ostensible y reiterada” en comportamientos que vulneran los principios de imparcialidad e independencia judicial. “Resulta evidente que su apartamiento es indispensable para garantizar un debido proceso en una causa de alta trascendencia institucional”, concluye la presentación.

Otros jueces también recusados

El escenario judicial se complejiza aún más por las recusaciones ya presentadas contra las juezas María del Carmen Battaini y Edith Cristiano. En estos casos, el Ejecutivo denunció la falta de acceso a los expedientes de recusación y cuestionó la ausencia de información sobre el estado de los trámites.

A raíz de estas recusaciones múltiples, el Superior Tribunal deberá integrar el cuerpo con un juez de Cámara para resolver la situación, junto a los vocales Gonzalo Sagastume y Javier Muchnik, los únicos no recusados hasta el momento. La definición, clave para el futuro del proceso reformista, aún no tiene fecha.

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