El Gobierno modificará por DNU la ley de inteligencia y otorgará más poder operativo a la SIDE
El Poder Ejecutivo nacional prepara un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reformará la Ley de Inteligencia, dando a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) mayor control del sistema de espionaje y facultades operativas, incluida la posibilidad de aprehender personas en determinados casos.
El Gobierno nacional anunció que publicará en los próximos días un Decreto de Necesidad y Urgencia para reformar la Ley de Inteligencia Nacional, con el objetivo de reorganizar el sistema de inteligencia estatal y ampliar las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El decreto fue firmado el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y su gabinete.
Según el texto al que tuvo acceso la prensa, la reforma propone centralizar el control del sistema de espionaje en la SIDE y otorgarle nuevas facultades operativas. Entre las modificaciones más relevantes figura la posibilidad de que el personal de inteligencia proceda a la aprehensión de personas en el marco de actividades de inteligencia, cumplimiento de órdenes judiciales o en situaciones de delitos en flagrancia, aunque deberán comunicar inmediatamente a las fuerzas policiales correspondientes.
El DNU también incluye un reordenamiento estructural del área de inteligencia, con la creación de nuevas agencias, la disolución o modificación de otras y la unificación de tareas para facilitar el intercambio de información estratégica. La SIDE seguirá siendo el organismo principal, pero se redefinen funciones y responsabilidades para fomentar una cooperación más estrecha con otros organismos del Estado.
Además, la norma incorpora definiciones que antes no estaban explícitas, como que todas las actividades de inteligencia tienen carácter encubierto por su sensibilidad, y detalla conceptos como el de contrainteligencia dentro de las acciones que puede desarrollar el sistema.
El decreto prevé también la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad para proteger infraestructura crítica y coordinar políticas cibernéticas, y establece mecanismos de coordinación interinstitucional entre organismos estatales y provinciales en materia de inteligencia y seguridad.
La medida generó reacciones diversas en distintos sectores políticos y sociales. Desde la oposición y agrupaciones de izquierda se cuestionó el aumento de facultades, advirtiendo que la ampliación de poderes podría implicar riesgos para las garantías civiles y la seguridad democrática en el país.
Con esta reforma, el Ejecutivo busca adaptar el sistema de inteligencia a los desafíos contemporáneos y dotarlo de herramientas más amplias para responder a amenazas complejas, aunque el debate sobre sus implicancias institucionales y garantías de control continúa abierto.