El Gobierno llevó la ley de financiamiento universitario a la Corte Suprema e intenta frenar su aplicación
El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en el marco de una disputa judicial que impacta de lleno en el presupuesto público.
Desde la Casa Rosada sostienen que la norma es “de imposible aplicación” debido a que, según su interpretación, no establece con precisión las fuentes de financiamiento necesarias para su ejecución. En ese sentido, advierten que su implementación implicaría una erogación estimada en alrededor de $2,5 billones.
El planteo oficial replica argumentos ya utilizados en instancias previas, donde el Ejecutivo había vetado la ley y luego cuestionado su validez tras la insistencia del Congreso. En el decreto 647/2025, el Gobierno había señalado que la norma no podía ejecutarse sin la definición previa de partidas presupuestarias específicas.
Sin embargo, ese criterio fue rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que confirmó una medida cautelar y ordenó la aplicación de artículos vinculados a la actualización salarial de docentes y no docentes, además de la recomposición de becas. El tribunal consideró que no correspondía suspender una ley vigente del Congreso invocando otra norma anterior de igual jerarquía.
Pese a ese fallo, el Ejecutivo insiste con su postura y ahora traslada el conflicto al máximo tribunal. En el Gobierno aseguran que el recurso busca evitar un impacto inmediato en las cuentas públicas y sostener que la ejecución de la ley debe adecuarse a la disponibilidad presupuestaria.
En paralelo, en la Casa Rosada evalúan impulsar una nueva iniciativa legislativa para modificar el alcance del financiamiento universitario y reducir su costo fiscal, reabriendo la discusión en el Congreso.
Mientras tanto, el Ejecutivo plantea que las partidas se irán incorporando de manera gradual en el presupuesto 2026 y que la ejecución será mensual, evitando un desembolso total inmediato. En el sistema universitario, en tanto, también se espera una aplicación progresiva, aunque persisten dudas sobre los tiempos y la posible demora derivada del proceso judicial.