El Gobierno frena la Ley de Inocencia Fiscal por la crisis política de Adorni y reordena su agenda en el Congreso
El Gobierno nacional ya tiene finalizado el proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, pero decidió postergar su envío al Congreso debido al impacto político del caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a las tensiones en la negociación con los bloques aliados. En el Ejecutivo reconocen que la iniciativa está completamente redactada y en condiciones de ser enviada al Parlamento, aunque por ahora la prioridad estará puesta en los proyectos que ya se encuentran en tratamiento legislativo.
La reforma fue analizada en la mesa política de Nación, el ámbito interno donde se definen prioridades legislativas, estrategias parlamentarias y el orden de las iniciativas. Allí se evalúa el costo político de cada medida antes de elevarla al presidente Javier Milei o avanzar en su implementación. El proyecto surgió a partir de reuniones del ministro de Economía, Luis Caputo, con contadores y tributaristas, con la intención de reforzar el régimen de Inocencia Fiscal, ampliar su alcance y otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.
Sin embargo, en la Casa Rosada explican que el contexto político modificó el cronograma original. Si bien el texto ya está cerrado, el Gobierno busca evitar abrir un nuevo frente de discusión en el Congreso en medio de la crisis política que involucra a Adorni, la cual complica la relación con bloques como PRO, UCR y partidos provinciales.
En el oficialismo reconocen que el escenario actual obliga a concentrar esfuerzos en contener los pedidos de interpelación y posibles mociones de censura contra el jefe de Gabinete, además de ordenar el tratamiento de las reformas ya enviadas al Congreso. El caso también generó ruido político luego de conocerse la adhesión de Adorni y su esposa al Régimen Simplificado de Ganancias en medio de una investigación sobre su evolución patrimonial. Si bien en el Gobierno aclaran que el trámite no implicó un blanqueo de fondos, admiten que el contexto volvió más sensible la discusión sobre la reforma tributaria.
La estrategia oficial es avanzar primero con los proyectos que ya ingresaron al Parlamento. Entre ellos se encuentran el paquete de inviolabilidad de la propiedad privada, el Súper RIGI, la ley de lobby, Hojarasca y Zonas Frías, entre otros. En el Gobierno consideran que sumar nuevas iniciativas en este momento podría dificultar aún más la negociación con aliados y gobernadores, en un escenario legislativo ya complejo. “Primero hay que sacar lo que ya está adentro”, resumen en la Casa Rosada.
En esa línea, otras iniciativas previstas, como el proyecto de juicio por jurados y una nueva tanda de desregulaciones, también quedarán en espera hasta que el contexto político sea más favorable. El caso Adorni impactó directamente sobre ese calendario, en un momento en que el oficialismo busca evitar nuevas fricciones en el Congreso y sostener las negociaciones abiertas.
La reforma de Inocencia Fiscal, que apunta a modificar el régimen simplificado de Ganancias, incluye cambios como la eliminación de ciertos topes de ingresos y patrimonio, ajustes en la “discrepancia significativa”, más instancias de rectificación antes de perder beneficios, límites al uso de presunciones por parte de ARCA y nuevas reglas de bancarización.
También contempla beneficios vinculados a sanciones y multas, con mecanismos de condonación o regularización para quienes adhieran al régimen bajo determinadas condiciones. El objetivo técnico es reducir el temor de los contribuyentes a fiscalizaciones retroactivas por inconsistencias menores o errores formales, y dar mayor previsibilidad al sistema.
En el equipo económico sostienen que la iniciativa sigue siendo clave para incentivar la formalización de la economía, pero reconocen que la decisión política es esperar una ventana más ordenada. Por ahora, el proyecto queda listo, pero en pausa.