El Gobierno evalúa incluir cambios en las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario dentro del Presupuesto 2027
Luego del revés parlamentario que sufrió durante el debate del Presupuesto 2026, el Gobierno nacional analiza una nueva estrategia para modificar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario mediante el proyecto de Presupuesto 2027.
La iniciativa todavía está en evaluación y dependerá de los acuerdos que el oficialismo logre alcanzar con gobernadores y bloques aliados antes del 15 de septiembre, fecha límite para el ingreso del proyecto al Congreso. El objetivo es reducir el impacto fiscal de ambas normas y evitar un nuevo fracaso legislativo.
En la Casa Rosada reconocen que la clave será llegar al Congreso con negociaciones políticas más avanzadas. La intención es asegurar apoyo no solo para el Presupuesto, sino también para otras reformas impulsadas por la gestión de Javier Milei.
El antecedente que condiciona la estrategia es el tratamiento del Presupuesto 2026, cuando el oficialismo intentó incorporar modificaciones a ambas leyes, pero la propuesta fue rechazada durante la votación en particular.
Respecto al financiamiento universitario, el Gobierno enfrenta además un escenario judicial complejo luego de que la Corte Suprema dejara firme una medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con puntos vinculados a la actualización salarial de docentes y no docentes y a las becas estudiantiles.
Aunque el Ejecutivo sostiene que ya implementó mejoras salariales y refuerzos presupuestarios para el sector, las universidades mantienen sus reclamos y consideran que esas medidas no reemplazan lo establecido por la ley vigente.
En paralelo, el oficialismo busca modificar el régimen de Emergencia en Discapacidad, con cambios orientados a reforzar controles, actualizar padrones de beneficiarios y revisar criterios de acceso a las pensiones no contributivas.
La discusión formará parte de una negociación política más amplia con las provincias, que incluirá el respaldo al Presupuesto 2027, la reforma electoral y otras medidas económicas que el Gobierno considera prioritarias para la segunda mitad del mandato.