El Gobierno cerró la Unidad que investigaba el caso $LIBRA y dio por cumplida su función
A través del Decreto 332/2025, publicado este martes 20 de mayo en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional resolvió eliminar la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que había sido creada para indagar las denuncias vinculadas a la criptomoneda $LIBRA, cuya difusión generó un escándalo financiero y judicial desde febrero pasado.
La decisión, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, establece que la Unidad “ha cumplido con la tarea encomendada” según lo dispuesto en el Decreto 114/25, y que la información recabada fue puesta a disposición del Ministerio Público Fiscal, quien continuará con la investigación penal correspondiente.
“La información recopilada fue remitida al Ministerio Público Fiscal y la Unidad ha dado cumplimiento a la tarea encomendada”, señala el texto oficial, sin detallar los hallazgos ni las eventuales responsabilidades de funcionarios o terceros implicados en el caso.
El caso $LIBRA
El 14 de febrero de 2025, el propio presidente Javier Milei promocionó desde sus redes sociales personales la criptomoneda $LIBRA, presentándola como una alternativa innovadora en el mundo cripto. En cuestión de días, cientos de personas invirtieron en el proyecto alentadas por la visibilidad presidencial. Sin embargo, el entusiasmo duró poco.
Poco tiempo después, la criptomoneda perdió drásticamente su valor luego de que sus creadores abandonaran el proyecto. Las víctimas denunciaron un clásico esquema de estafa cripto conocido como «rug pull», en el que los desarrolladores promueven una moneda, reciben el dinero de los inversores y luego desaparecen sin dejar rastro.
El hecho generó una ola de denuncias en el país y también en el exterior. En Estados Unidos, un grupo de afectados impulsó una demanda colectiva acusando a Milei de “promoción engañosa” y “negligencia”, al sostener que sin su respaldo público, el proyecto no habría alcanzado semejante repercusión ni caudal de inversión.
La investigación sigue en manos del Ministerio Público
A pesar del cierre de la UTI, desde el Ejecutivo se aclaró que la causa no se archiva, sino que la investigación penal queda en manos del Ministerio Público Fiscal, que evaluará si existieron delitos económicos, conflictos de intereses o eventuales responsabilidades de funcionarios nacionales.
Hasta el momento, no se publicaron los informes ni conclusiones que la Unidad de Tareas habría elaborado antes de su disolución, lo que generó nuevas dudas entre las personas damnificadas y sectores de la oposición, que reclaman mayor transparencia sobre el accionar del Estado en torno al caso.
El caso $LIBRA sigue generando repercusiones políticas y judiciales, mientras las víctimas aún aguardan respuestas concretas sobre lo sucedido con sus inversiones.