El Gobierno acelera la reforma del Código Penal y busca enviarla al Congreso en las próximas semanas
El Gobierno nacional reactivó la discusión interna por la reforma del Código Penal y busca avanzar con el envío del proyecto al Congreso en el corto plazo. La iniciativa contempla un endurecimiento de las penas para delitos sexuales, modificaciones vinculadas al abuso infantil y una ampliación de los casos que podrían ser alcanzados por la prisión perpetua.
La decisión volvió a cobrar impulso tras la conmoción generada por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. En la Casa Rosada aseguran que la reforma ya formaba parte de la agenda legislativa, aunque admiten que el caso aceleró las conversaciones internas.
Fuentes oficiales señalaron que el objetivo es avanzar con medidas vinculadas a la seguridad y la política criminal, mientras continúan las diferencias entre distintos sectores del Gobierno sobre el contenido definitivo del proyecto.
La principal discusión se centra en la versión que finalmente será enviada al Congreso. Mientras algunos sectores del oficialismo sostienen que la iniciativa se encuentra demorada por cuestiones técnicas, desde el Ministerio de Justicia aseguran que el texto se encuentra en etapa de definición y que será presentado próximamente.
El borrador fue revisado en varias oportunidades por la Secretaría Legal y Técnica, en el marco de un proceso que busca alcanzar consensos internos sobre la redacción final.
Según trascendió, el Gobierno evalúa avanzar con una reforma parcial del Código Penal en lugar de impulsar una modificación integral de toda la normativa vigente. La estrategia apunta a priorizar aquellos temas con mayores posibilidades de consenso parlamentario.
Entre los puntos incluidos figuran cambios en delitos sexuales, abuso sexual infantil, grooming, estafas piramidales, entraderas, salideras bancarias, delitos cometidos por motochorros, viudas negras, tenencia de armas en establecimientos penitenciarios, picadas ilegales y nuevas modalidades de criminalidad tecnológica y organizada.
Uno de los ejes principales será el endurecimiento de las penas para violadores y abusadores. Además, se analiza la posibilidad de ampliar los supuestos de prisión perpetua e incorporar modificaciones vinculadas a delitos sexuales de extrema gravedad.
El proyecto original, elaborado durante la gestión del exministro Mariano Cúneo Libarona, contemplaba una reforma mucho más amplia, con más de 900 artículos y modificaciones en áreas como narcotráfico, corrupción, delitos ambientales, inteligencia artificial y responsabilidad penal empresaria.
Sin embargo, la actual conducción del Ministerio de Justicia busca reducir el alcance de la iniciativa para facilitar su tratamiento legislativo y evitar debates que puedan demorar su aprobación.
En ese contexto, el Gobierno descartó incluir cambios en la figura de femicidio y también dejó fuera cualquier modificación relacionada con la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo.
La reforma forma parte del paquete legislativo anunciado meses atrás por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había anticipado el envío de proyectos orientados al fortalecimiento de las penas y la seguridad pública.