Comienza el juicio por el escándalo de las viviendas de ATE en Ushuaia
El Tribunal de Juicio de Ushuaia iniciará este lunes 18 de mayo el debate oral y público por una de las causas más resonantes vinculadas al acceso a la vivienda en Tierra del Fuego. El secretario general de ATE, Carlos Córdoba, y el referente del área de Vivienda del gremio, Miguel Ángel Arana, llegan acusados de 22 hechos de estafa en el marco del plan habitacional “128 Viviendas”.
Según la investigación judicial, las víctimas habrían entregado importantes sumas de dinero con la expectativa de acceder a una vivienda dentro del proyecto desarrollado en conjunto entre el gremio estatal y el Instituto Provincial de Vivienda (IPV).
La acusación sostiene que ATE tenía un rol clave en la confección de los listados de adjudicatarios, mientras que el IPV verificaba cuestiones formales. La maniobra investigada se habría desarrollado durante la gestión de la exgobernadora Rosana Bertone.
La causa tiene antecedentes que se remontan a 2018, cuando comenzaron las investigaciones por presuntas adjudicaciones irregulares y venta de lugares en los listados, incluso a personas ajenas al sindicato. Según el expediente, las maniobras habrían permitido recaudar más de 8 millones de pesos y alrededor de 52 mil dólares antes de ese año.
En 2019, el juez de instrucción Javier De Gamas Soler procesó a Córdoba, Arana y otros implicados por delitos de estafa y defraudación. Posteriormente, la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento del dirigente sindical al considerar que existían elementos que indicaban una operatoria “minuciosamente ideada” para aprovechar la necesidad habitacional de los afiliados.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, aunque Arana tenía a su cargo la gestión del área de Vivienda, Córdoba no podía desconocer la situación, ya que realizaba gestiones ante el IPV y recibía reclamos de afiliados que denunciaban haber pagado sin obtener respuestas.
Ambos imputados enfrentarán cargos por estafa, administración fraudulenta y falsificación ideológica de documentos. Además, el juicio incluirá a Erik Enrique Moscoso Panozo, acusado por presunto lavado de activos, ya que parte del dinero obtenido habría sido destinado a la compra de maquinaria y a la conformación de una empresa.
En paralelo, las defensas solicitaron la suspensión del juicio a prueba, un planteo que fue rechazado en primera instancia y actualmente es analizado por la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones. Por eso, todavía resta definir si el debate comenzará efectivamente en la fecha prevista o si volverá a postergarse.