Ex presidente del IPV denunció amenazas y agresiones en el juicio por viviendas de ATE
La segunda jornada del juicio oral y público por presuntas maniobras de estafa y lavado de activos vinculadas a la adjudicación de viviendas sociales en Barrancas del Río Pipo estuvo marcada por la declaración del ex presidente del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Gustavo Vázquez, quien denunció haber sufrido amenazas y agresiones físicas cuando el caso tomó estado público.
Durante su testimonio ante el Tribunal, Vázquez aseguró que fue atacado en varias oportunidades en su domicilio y sostuvo que otros trabajadores vinculados al IPV también habrían sido amenazados y golpeados.
El ex funcionario declaró en el marco del juicio que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de 128 departamentos destinados a afiliados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Ushuaia. La causa involucra al histórico dirigente gremial Carlos Córdoba y a Miguel Arana.
Según explicó Vázquez, el IPV tenía a su cargo la construcción de las viviendas, mientras que la preselección de beneficiarios era realizada por el sindicato estatal. En ese sentido, indicó que los listados ingresaban al organismo y luego debían ser depurados debido a la existencia de postulantes que no cumplían los requisitos para acceder a una vivienda social.
El ex presidente del IPV sostuvo además que muchas de las listas llevaban las firmas de Córdoba y Arana, y afirmó que entre las irregularidades detectadas figuraban personas no afiliadas al gremio e incluso individuos que no trabajaban en el Estado provincial.
Durante la audiencia, Vázquez recordó el caso de una mujer que, según relató, le habría manifestado haber entregado alrededor de 6 mil dólares a Córdoba para ser incluida entre los adjudicatarios. El ex funcionario aseguró que le recomendó realizar la denuncia correspondiente.
Asimismo, remarcó que el IPV “nunca pidió dinero” para adjudicar viviendas y negó que el organismo utilizara intermediarios o cobradores. Según afirmó, la operatoria investigada se habría desarrollado por fuera de los mecanismos formales del instituto e incluso antes de su llegada a la presidencia del IPV, entre 2016 y 2017.
En otro tramo de su declaración, Vázquez confirmó haber mantenido reuniones con Córdoba durante su gestión tanto en el IPV como en Casa de Gobierno, aunque aclaró que no mantenían una relación personal fuera de cuestiones institucionales.
Las viviendas investigadas corresponden a departamentos construidos con financiamiento nacional durante la presidencia de Mauricio Macri en un sector cercano al río Pipo, en Ushuaia. Según señaló Vázquez, casi la totalidad de las 128 unidades fueron entregadas, quedando pendientes entre ocho y diez departamentos.