ASIMRA cuestionó la importación de una “ciudad modular” china para un megaproyecto minero
La Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina (ASIMRA) expresó su rechazo a la importación de una ciudad modular proveniente de China que será utilizada para alojar a trabajadores del proyecto minero de cobre que se desarrollará en la provincia de San Juan.
La iniciativa, impulsada por un consorcio integrado por PowerChina, Beijing Chengdong y la empresa santafesina RAFA S.A., contempla la instalación del campamento Batidero, que en una primera etapa tendrá capacidad para 2.500 personas.
Desde el gremio señalaron que la medida perjudica a la industria nacional y a los proveedores locales. “Destruye a los proveedores nacionales, impacta en la cadena de valor regional y reduce la posibilidad de generar empleo genuino para la población local”, cuestionaron.
El secretario general de ASIMRA, Javier Escobar, aseguró que la entidad acompaña las inversiones vinculadas al desarrollo minero, aunque advirtió que también es necesario garantizar oportunidades para las empresas y trabajadores argentinos.
“Es inadmisible la decisión de traer una ciudad, con trabajadores chinos, e implantarla en medio de la cordillera argentina”, afirmaron desde el sindicato, al tiempo que remarcaron que existen numerosas PyMEs nacionales capacitadas para participar de este tipo de obras.
El proyecto contempla módulos prefabricados con estructura de acero, equipados y listos para su utilización, que serán ensamblados en la zona de montaña donde se desarrollará la explotación minera.
Según indicaron, la capacidad inicial del complejo habitacional será de 2.500 camas, aunque debido a los sistemas de rotación laboral habituales en la minería, el número de personas alojadas podría oscilar entre 3.500 y 5.000. Con el avance del emprendimiento, la demanda de mano de obra podría elevarse hasta unas 12.000 personas, lo que requeriría ampliar el campamento a unas 6.000 plazas.
ASIMRA sostuvo que la importación de los módulos implica que gran parte del valor agregado y de los puestos de trabajo asociados a su fabricación queden fuera del país. Además, se sumaron cuestionamientos de sectores industriales y empresariales de distintas provincias, que advirtieron sobre la pérdida de oportunidades para proveedores nacionales.
Finalmente, la organización sindical solicitó revisar la decisión y reclamó condiciones que permitan una mayor participación de empresas argentinas en uno de los proyectos de inversión minera más importantes del país.