La inversión destinada al mantenimiento y conservación de las rutas nacionales atraviesa uno de sus niveles más bajos de las últimas dos décadas. Durante la gestión de Javier Milei, el gasto ejecutado por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) registró una fuerte contracción que impactó directamente sobre la cantidad de kilómetros alcanzados por los trabajos en distintos puntos del país.
De acuerdo con un análisis elaborado por el Instituto Argentina Grande, durante 2025 la inversión devengada por el organismo cayó un 71,5% respecto de 2023. El nivel de ejecución se ubica entre los registros más bajos desde 2002, mientras que las estimaciones correspondientes a 2026 anticipan que la tendencia podría profundizarse.
La reducción presupuestaria también se refleja en la extensión de la red vial que puede recibir mantenimiento. En 2023, Vialidad Nacional tenía capacidad para intervenir sobre aproximadamente 30.669 kilómetros, equivalentes a cerca del 70% de las rutas nacionales. Dos años después, esa cobertura cayó hasta los 9.494 kilómetros, alrededor de una cuarta parte de la red.
El deterioro fue particularmente marcado en Misiones, Entre Ríos, Chaco y Buenos Aires, donde se registraron las mayores caídas en kilómetros alcanzados por las tareas. En sentido contrario, San Juan y Jujuy fueron las únicas provincias en las que aumentó la extensión que podría ser mantenida con los recursos ejecutados.
En paralelo, crece la controversia por los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos. Según información publicada por PERFIL, el Estado nacional habría acumulado alrededor de $1,4 billones recaudados mediante tributos que cuentan con asignaciones específicas vinculadas, entre otros destinos, al sistema vial.
La utilización de esos fondos ya derivó en presentaciones judiciales y reclamos políticos. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz denunció penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, junto con autoridades de Vialidad Nacional y del Banco Nación. La presentación quedó radicada ante el Juzgado Federal N° 2 de La Plata y plantea presuntos delitos de malversación de fondos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Las responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia.
La provincia de La Rioja también solicitó intervenir como querellante en ese expediente. El gobierno encabezado por Ricardo Quintela sostiene que recursos correspondientes al Sistema Vial Integrado fueron destinados a colocaciones financieras en lugar de utilizarse para obras y conservación de rutas.
Como argumento, la administración riojana señaló la fuerte disminución de las tareas realizadas dentro de la provincia. Mientras durante 2023 se habrían mantenido alrededor de 1.900 kilómetros de rutas nacionales, durante el último año esa cifra habría descendido a unos 260 kilómetros.
Jorge Yoma, abogado patrocinante del gobernador Quintela, cuestionó la situación y planteó que los contribuyentes continúan pagando impuestos destinados a servicios que, según sostuvo, dejaron de prestarse en los niveles previstos.
“Son servicios que presta el Estado con los fondos que aporta el pueblo argentino. Ellos siguen cobrando impuestos pero el Estado no hace nada”, afirmó. Además, reclamó que Nación restituya a las provincias los recursos que, según su interpretación, no fueron aplicados al destino establecido.
El debate también llegó al Congreso. La diputada Marina Salzmann cuestionó que continúen paralizadas obras viales que, al momento del cambio de gobierno, presentaban importantes niveles de avance.
“¿Cuántas veces más vamos a pagar los argentinos por rutas en malas condiciones?”, planteó durante una sesión en la Cámara de Diputados. La legisladora mencionó que los usuarios pagan el impuesto a los combustibles y advirtió que podrían afrontar además nuevos peajes y mayores costos si las provincias terminan asumiendo responsabilidades sobre determinados corredores.
Salzmann impulsa, además, un pedido para que Caputo brinde explicaciones ante el Congreso sobre el destino de los fondos recaudados y el grado de ejecución de los recursos destinados al sistema vial.
Desde el sector de la construcción también expresaron preocupación. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, sostuvo que los recursos provenientes del impuesto a los combustibles que cuentan con una asignación determinada deberían utilizarse para ese objetivo.
“El impuesto a los combustibles líquidos, que parcialmente va a un fondo fiduciario específico y que por ley tiene que ser aplicado parcialmente a obras de rutas nacionales y obras hídricas, tiene que aplicarse a su fin específico”, señaló Weiss. Según explicó, actualmente solamente una parte de esos recursos estaría siendo ejecutada.
El problema adquiere mayor relevancia por la diferencia entre conservar una ruta y reconstruirla cuando el deterioro se vuelve estructural. Las estimaciones del sector ubican el mantenimiento anual de un kilómetro entre US$15.000 y US$40.000, mientras que una reconstrucción integral puede alcanzar hasta US$3,5 millones por kilómetro.
De esta manera, la caída de la inversión no sólo abre una discusión sobre el estado actual de las rutas nacionales, sino también sobre el costo que podría representar en los próximos años recuperar corredores que permanezcan durante largos períodos sin mantenimiento.