Daniel Ezequiel Torres, de 35 años, deberá enfrentar un juicio oral y público acusado de haber comercializado terrenos fiscales de la Municipalidad de Ushuaia como si fueran propios y de protagonizar distintos episodios de amenazas contra personas vinculadas a la causa.
La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo al pedido de reparación integral presentado por la defensa, que buscaba cerrar el proceso penal mediante una compensación económica a los damnificados. Con esta resolución, continuará el trámite judicial por nueve hechos de estafa y amenazas reiteradas.
La investigación sostiene que Torres habría ofrecido y vendido lotes ubicados en el barrio Dos Banderas que pertenecían al patrimonio fiscal municipal. Las personas que entregaron dinero creyendo adquirir terrenos de manera legítima terminaron ocupando parcelas que no podían ser comercializadas y quedaron expuestas a ser consideradas ocupantes irregulares.
Uno de los puntos analizados por la Cámara fue precisamente la magnitud del perjuicio ocasionado. El fiscal Nicolás Arias se opuso al mecanismo solicitado por la defensa al considerar que la suma ofrecida no guardaba relación con las pérdidas económicas sufridas por las víctimas.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal, el ofrecimiento “carece de toda proporcionalidad” y no podía ser considerado suficiente para finalizar una causa con esas características.
Arias fue todavía más crítico al evaluar el alcance de la propuesta y sostuvo que se “pretende ficticiamente reparar lo irreparable, constituyendo no una reparación integral, sino una ironía frente al esfuerzo y las pérdidas de los damnificados”.
La acusación no se limita a las presuntas maniobras relacionadas con los terrenos. Torres también deberá responder por amenazas que habría dirigido contra algunos de los perjudicados.
Uno de esos episodios habría ocurrido luego de que una de las personas que entregó dinero reclamara que le fuera devuelta la suma abonada por uno de los lotes.
Otro hecho incorporado al expediente se produjo en julio de 2024 dentro del edificio municipal ubicado en Arturo Coronado. Según la acusación, en esa oportunidad Torres habría expresado: “ustedes tres tienen la cabeza rifada”, en referencia a uno de los damnificados y a los funcionarios municipales Mauricio Neubauer y David Ferreyra.
Durante la discusión sobre la posibilidad de aplicar una reparación integral, la Fiscalía también hizo referencia a los antecedentes judiciales del acusado. Arias señaló que Torres registra antecedentes vinculados con delitos contra la propiedad y que anteriormente ya había accedido a mecanismos alternativos de resolución de conflictos en otros expedientes.
El fiscal recordó además que el acusado había solicitado herramientas similares en otro proceso desarrollado bajo el régimen de flagrancia, circunstancia que también fue incorporada al análisis para oponerse a una nueva salida alternativa.
Finalmente, los jueces Paola Caucich y Sergio Diéguez, integrantes de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia, respaldaron la decisión de impedir que la causa se cierre mediante una compensación económica.
De esta manera, quedó descartada la alternativa impulsada por la defensa y Torres deberá sentarse en el banquillo para responder por las nueve presuntas estafas relacionadas con terrenos fiscales y por los hechos de amenazas que forman parte de la acusación.