Vecinos autoconvocados reclaman información sobre la entrega de viviendas del Río Pipo
Un grupo de vecinos autoconvocados de Ushuaia volvió a exigir respuestas al Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) por la demora en la adjudicación de las viviendas que se construyen en el sector del Río Pipo. El reclamo apunta a la falta de definiciones sobre los plazos de entrega, la continuidad de las obras y los criterios que se utilizarán para asignar las unidades habitacionales.
Paula Camponovo, referente de Autoconvocados IPV, explicó que el pedido involucra a familias que permanecen inscriptas en la demanda habitacional desde hace más de dos décadas y que continúan sin información oficial sobre su situación.
“Estamos hablando de familias anotadas desde 2004. Las viviendas fueron anunciadas hace años, pero todavía no hay precisiones sobre cuándo se entregarán ni cómo será el proceso de adjudicación”, sostuvo.
Según indicó, el grupo presentó notas formales y solicitó reuniones con autoridades del IPVyH, del Gobierno provincial y de la Legislatura, aunque aseguró que hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas.
“Lo único que nos han dicho es que no saben cuándo se van a entregar las viviendas. Necesitamos información clara para poder planificar nuestras vidas”, afirmó.
Incertidumbre para miles de familias
Camponovo señaló que la falta de definiciones afecta a miles de personas que esperan una solución habitacional en Ushuaia.
“Son más de cinco mil o seis mil personas las que están esperando. Uno necesita saber si sigue alquilando, si renueva un contrato o si incluso se queda o se va de la provincia”, expresó.
Además, manifestó preocupación por la cantidad final de viviendas que serán adjudicadas. Según explicó, en distintos momentos se habló de 400, luego de 300 unidades y ahora existen dudas sobre cuántas estarán efectivamente disponibles para la demanda general.
La referente señaló que parte de las viviendas serían destinadas a sectores específicos, como bomberos, excombatientes de Malvinas, casos judicializados o familias en situación de vulnerabilidad, por lo que reclaman conocer cuántas unidades quedarán destinadas al padrón común del IPVyH.
“Queremos saber cuántas familias van a ser adjudicadas y cuáles son los criterios que se van a aplicar. A partir de ahí podremos saber si tenemos posibilidades reales de acceder a una vivienda”, indicó.
Pedido de mayor control y transparencia
Por último, Camponovo cuestionó la falta de controles sobre algunas viviendas ya adjudicadas y reclamó una mayor fiscalización por parte del Estado.
“El acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional. Hemos visto situaciones donde viviendas adjudicadas terminan siendo alquiladas o vendidas. El Estado tiene las herramientas y el personal para controlar que eso no ocurra”, concluyó.
Mientras esperan una respuesta oficial, los vecinos continúan solicitando una audiencia con las autoridades provinciales para conocer el estado de avance de las obras y los planes de adjudicación de las viviendas del Río Pipo.