Ushuaia: citan a cinco empresarios por presunto delito ambiental tras hallazgo masivo de residuos

Cinco empresarios fueron convocados por la Justicia de Ushuaia a declarar en el marco de una causa que investiga el manejo ilegal de residuos industriales, luego del hallazgo de más de 150.000 bolsones plásticos abandonados en terrenos fiscales. Las audiencias judiciales están previstas entre el 4 y el 8 de agosto.

Los implicados forman parte de las firmas Río Chico S.A. y Transiland S.R.L., sospechadas de violar normativas ambientales establecidas por la Ley Nacional 25.051, que regula el tratamiento de residuos derivados de la actividad industrial. La citación fue dispuesta por el juez de Instrucción Sergio Pepe, a cargo del expediente.

Entre los convocados se encuentran los directivos Mariano Ariel Klas, Ida Silvia Teplitzky y Gonzalo Francisco Muñoz Ferragut, por Río Chico S.A., y Alejandro Alberto Cabral junto a Claudio Alberto Magrini, por Transiland S.R.L. Deberán presentarse con asistencia legal, o bien se les asignará un defensor oficial.

La investigación se originó en 2023 a raíz de una denuncia periodística que reveló el acopio descontrolado de bolsones plásticos sobre terrenos sin habilitación en las afueras de Ushuaia. La acumulación de materiales sin medidas de protección ni control ambiental encendió alarmas sobre un posible daño a los suelos y la cercanía del río Olivia.

A raíz del volumen de residuos detectado y su origen industrial, intervino la Secretaría de Ambiente y se inició el proceso judicial. Se sospecha que Río Chico era la propietaria del plástico almacenado, mientras que Transiland habría sido la responsable del transporte, bajo instrucciones directas.

Como parte del proceso judicial, se ordenó a la Policía Provincial y al Registro Nacional de Reincidencia que remitan antecedentes de los imputados. El objetivo es determinar si existe algún tipo de reincidencia o historial penal que complemente los elementos ya recopilados.

Aunque desde Río Chico se prometió brindar explicaciones públicas sobre el hecho, finalmente no se concretó ningún contacto con los medios. A la par, la Justicia continúa analizando peritajes técnicos que podrían ser clave para determinar si existió negligencia o intencionalidad en el manejo de los residuos.

Mientras tanto, y pese a la ausencia de financiamiento nacional, la empresa debió trasladar los bolsones a Río Grande y asumir tareas de saneamiento ambiental en la zona afectada. El proceso judicial se encamina ahora a una etapa crucial para definir responsabilidades y eventuales sanciones.