Universidades y Gobierno acercan posiciones, pero persiste el conflicto por la Ley de Financiamiento
El Gobierno nacional y las autoridades universitarias continúan negociando para intentar resolver el conflicto presupuestario que atraviesa el sistema de educación superior. Aunque ambas partes lograron avances en la discusión económica, las diferencias persisten en torno a la demanda judicial impulsada por las universidades para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La propuesta oficial incluye un incremento salarial cercano al 24% para docentes y no docentes, además de fondos adicionales destinados a hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y becas estudiantiles. Según trascendió, el Ministerio de Economía autorizó una partida de $800.000 millones para el sector.
La oferta fue presentada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, durante reuniones mantenidas con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entre ellos Franco Bartolacci y Anselmo Torres.
Sin embargo, la negociación quedó trabada por una condición planteada por el Ejecutivo: que las universidades desistan de la acción judicial iniciada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento. Los rectores rechazaron esa posibilidad y ratificaron que no están dispuestos a retirar el reclamo.
Desde el CIN señalaron que pueden informar a la Justicia sobre el avance de las conversaciones, pero remarcaron que no consideran viable abandonar la demanda, ya que entienden que constituye una garantía institucional ante eventuales incumplimientos.
Por su parte, el Gobierno sostiene que la ley presenta problemas de legalidad al no establecer de manera explícita las fuentes de financiamiento necesarias para su ejecución. Mientras tanto, equipos jurídicos de ambas partes analizan alternativas que permitan avanzar en un acuerdo sin que las universidades deban renunciar a su presentación judicial.