Un caso que sacude a la Justicia: el abogado Jorge Pintos cuestionó duramente al juez Leonelli por presunta tenencia de pornografía infantil
El abogado penalista Jorge Pintos, con más de veinte años de trayectoria, lanzó fuertes críticas al juez Andrés Leonelli, quien actualmente enfrenta una investigación por la presunta tenencia de material de pornografía infantil. El caso no solo encendió la alarma en el ámbito judicial de Tierra del Fuego, sino que también desató un debate profundo sobre ética, legalidad y protocolos para el manejo de pruebas sensibles.
Leonelli, que ocupa un cargo en la Cámara de Apelaciones de Río Pipo, fue recientemente notificado de sus derechos y garantías procesales tras los allanamientos realizados tanto en su vivienda como en su oficina. Según reveló el diario Prensa Libre de Ushuaia, la causa se originó por el hallazgo de archivos comprometidos almacenados en la nube vinculada a su cuenta personal.
Ante este escenario, Pintos destacó la gravedad de la imputación: “La sola tenencia de imágenes de menores desnudos con fines sexuales constituye un delito gravísimo contemplado en el artículo 128 del Código Penal. Y la ley no distingue entre un ciudadano común y un juez”, advirtió. Además, subrayó que no se requiere demostrar un propósito específico para que el delito exista, pues “es un delito de peligro, basta con poseer ese tipo de archivos para que se configure”.
Frente a la defensa que esgrimió el abogado de Leonelli, el ex juez Gustavo Ariznavarreta —quien argumentó que el material estaba en la nube del magistrado por razones laborales, debido a las carencias de infraestructura del Poder Judicial— Pintos fue tajante. “No se puede alegar ignorancia. Un juez que trata causas de abuso sexual o delitos informáticos debe conocer perfectamente la legislación que aplica. Alegar desconocimiento en este contexto no es admisible”.
Pintos también cuestionó el procedimiento que Leonelli habría utilizado para manejar el contenido digital: “El resguardo y almacenamiento de evidencia de este tipo debe estar exclusivamente a cargo de peritos, con autorización judicial expresa. Sacar copias o conservar imágenes fuera de ese protocolo es ilegal. No se trata de un error administrativo, sino de una violación directa a la ley”, puntualizó.
El abogado fue más allá y consideró endeble la línea de defensa del magistrado: “No solo hay inconsistencias claras, también se compromete su idoneidad para seguir ejerciendo el cargo. Es un argumento débil que, además, expone al juez a un escrutinio aún mayor”.
Por último, Pintos reflexionó sobre el impacto institucional que tiene un escándalo de estas características: “Es alarmante que un juez de cámara esté bajo sospecha por un delito tan delicado. Esto mina la confianza de la sociedad en el sistema judicial”, sostuvo. Y cerró con una observación ética contundente: “Los jueces deben ser ejemplo de conducta intachable. Un caso como este deja en entredicho no solo la carrera de un magistrado, sino la credibilidad de toda la Justicia”.