El Municipio de Río Grande ratificó que continuará controlando a los vehículos que trabajan mediante aplicaciones de transporte, aunque descartó desplegar una fiscalización más intensa sobre Uber, DiDi y otras plataformas. El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, sostuvo que la prioridad será exigir el cumplimiento de la normativa vigente y facilitar la regularización de quienes todavía no cuentan con habilitación.
En declaraciones a FM Origen, el funcionario remarcó que la situación legal de estas aplicaciones cambió respecto de años anteriores. “Hoy el servicio no es ilegal. El servicio hoy está regulado, lo reguló el Concejo Deliberante. Lo que hay que hacer es inscribirse”, afirmó. Díaz recordó que anteriormente existía una ordenanza que prohibía esta modalidad, pero esa disposición fue derogada y reemplazada por un marco regulatorio.
La habilitación municipal establece una serie de condiciones para los conductores, entre ellas contar con la licencia correspondiente para transportar pasajeros, realizar la Revisión Técnica Obligatoria cada seis meses, disponer de un seguro adecuado y respetar la antigüedad máxima permitida para los vehículos. “Esa persona que está transportando a un vecino cumple con esos requisitos, ¿por qué no puede tener una habilitación municipal para trabajar?”, planteó.
Díaz también respondió a los pedidos formulados desde sectores vinculados con taxis y remises, que vienen reclamando una mayor presencia de inspectores. Si bien aseguró que los controles seguirán realizándose, rechazó que la Municipalidad adopte una política orientada a perseguir a quienes recurren a las plataformas para generar ingresos. “Yo la verdad que creo que es gente que está trabajando. Y si a nosotros como Municipio se nos va a exigir que salgamos a hacer una cacería de brujas de trabajadores, eso no va a suceder”, sostuvo.
Según explicó, cuando los inspectores detectan a una persona realizando transporte de pasajeros sin estar registrada, la intervención municipal apunta inicialmente a que pueda completar los trámites correspondientes. En ese sentido, señaló que el secuestro del vehículo no necesariamente debe constituir la primera medida frente a una irregularidad.
El secretario de Gobierno fue además categórico al descartar un incremento en la estructura destinada a fiscalizar este tipo de servicios. “Nosotros no vamos a incrementar la cantidad de controles que venimos realizando”, aseguró. Consideró que implementar un despliegue mucho mayor demandaría la incorporación de alrededor de 30 trabajadores municipales, una decisión que, según planteó, chocaría con los reclamos para reducir y hacer más eficiente el gasto estatal.
“De ahí a armar un comisariado en cada esquina, como se pretende, para controlar de la manera que se pretende que se controle a aquellos que también están trabajando, no lo compartimos”, expresó Díaz al marcar la posición del Ejecutivo municipal frente a las demandas de controles adicionales.
Por último, vinculó la expansión de Uber y DiDi con las dificultades económicas y laborales existentes en Tierra del Fuego. “Yo no creo que aquel que tiene un trabajo quiera salir a trabajar de Uber o de DiDi”, manifestó. Para el funcionario, la pérdida de puestos laborales y la necesidad de complementar ingresos llevaron a numerosos vecinos a buscar alternativas mediante las aplicaciones de transporte.