La Asamblea General de las Naciones Unidas se convertirá esta semana en el principal escenario diplomático de una renovada tensión entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. El Gobierno nacional buscará reforzar el reclamo de soberanía y cuestionar el avance petrolero británico en el Atlántico Sur, mientras procura concretar una reunión entre Javier Milei y Donald Trump.
El origen de la escalada estuvo en una serie de declaraciones del presidente estadounidense. Consultado el 1 de septiembre sobre la posición de Washington respecto del archipiélago, Trump respondió: “Siempre reviso cada posición. Es solo una de muchas”. Aunque especialistas interpretaron sus palabras como una presión hacia Londres dentro de las diferencias existentes en la OTAN, el Gobierno argentino las presentó como una señal de fuerte impacto para la causa Malvinas.
La relación entre Washington y Londres ya atravesaba un momento delicado. En abril, una filtración atribuida al Pentágono había mencionado la posibilidad de revisar el respaldo estadounidense a reclamos europeos sobre territorios considerados “posesiones imperiales”. En ese contexto, el subsecretario del Departamento de Estado, Thomas G. DiNanno, sostuvo: “No puedo hablar sobre el respaldo en el tema de las islas. Estados Unidos es neutral en ese asunto”.
La tensión creció todavía más cuando Trump afirmó en Dublín que una nueva confrontación entre la Argentina y el Reino Unido representaría “un desastre potencial”. El mandatario calificó la controversia como “muy interesante”, señaló que ambos países estaban enfrentados y se mostró dispuesto a intervenir como mediador si recibiera un pedido formal.
Frente a esas expresiones, Milei endureció el discurso oficial. Durante una cadena nacional realizada el 3 de septiembre, remarcó que “las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho” y anunció sanciones contra personas y compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina.
El centro económico de la controversia es Sea Lion, un proyecto ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte del archipiélago. La iniciativa es impulsada por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que proyectan comenzar la extracción en 2028. Las autoridades británicas estiman que la explotación podría generar alrededor de USD 2.000 millones en regalías durante tres décadas.
El Gobierno argentino abrió inicialmente actuaciones contra 45 personas y empresas, aunque después amplió los procedimientos hasta alcanzar a 60 involucrados directa o indirectamente con la cuenca Malvinas. Además, mediante los decretos 867/2026 y 868/2026, fortaleció la aplicación de la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes exploren o exploten hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
La ofensiva también incorporó la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, bajo la órbita de la Cancillería. El mecanismo deberá coordinar la intervención de los organismos públicos en asuntos relacionados con las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
En paralelo, la Justicia Federal de Río Grande avanzó sobre el proyecto petrolero. La jueza Mariel Borruto hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a las compañías involucradas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar obras destinadas a poner en funcionamiento la explotación. La resolución judicial agregó un nuevo frente a la estrategia diplomática y administrativa desplegada por la Argentina.
La reacción británica no tardó en llegar. Londres calificó las sanciones de “inaceptables”, sostuvo que la legislación argentina no tiene aplicación en las islas y reiteró su respaldo a las actividades económicas desarrolladas bajo normas británicas. También difundió una guía oficial para promover inversiones y operaciones comerciales en el archipiélago, documento que fue rechazado enérgicamente por la Cancillería argentina.
En el plano militar, el Reino Unido confirmó que reemplazará los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en Malvinas por unidades Tranche 2 con mayor capacidad operativa. Aunque el Ministerio de Defensa británico aseguró que la renovación estaba planificada con anterioridad, la decisión fue interpretada como una señal de continuidad de la presencia militar en el Atlántico Sur. La base de Mount Pleasant mantiene además efectivos y sistemas de defensa aérea Sky Sabre.
Ahora, la atención estará puesta en Nueva York. La diplomacia argentina trabaja para lograr un encuentro entre Milei y Trump durante la Asamblea General de la ONU, donde el Presidente expondrá la posición nacional y reclamará el cumplimiento de las resoluciones internacionales que instan a la Argentina y al Reino Unido a retomar las negociaciones.
La posibilidad de una mediación estadounidense enfrenta, sin embargo, importantes límites. Para que Washington pudiera asumir ese papel, Londres debería aceptar una instancia de diálogo sobre la soberanía, algo que hasta ahora rechaza. El investigador Benjamin Gedan resumió el desafío al advertir que Trump tendría que convencer a las dos partes de que puede actuar con neutralidad.
Desde el Gobierno argentino remarcaron que la recuperación de las islas continuará buscándose por vías pacíficas. El canciller Pablo Quirno aseguró que se utilizarán herramientas diplomáticas, jurídicas, legales, de defensa y de inteligencia para proteger los intereses nacionales, mientras la cuestión Malvinas vuelve a instalarse en el centro de la agenda internacional.