El Gobierno nacional puso en marcha un programa destinado a ampliar y ordenar el uso de dispositivos electrónicos para supervisar medidas que restringen la libertad ambulatoria. La iniciativa también contempla su aplicación dentro del nuevo Régimen Penal Juvenil.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 434/2026 del Ministerio de Justicia, publicada el 9 de septiembre en el Boletín Oficial. El programa brindará asistencia tecnológica y técnica a jueces y fiscales de la Justicia nacional y federal, además de capacitación, protocolos de actuación y estadísticas sobre el funcionamiento del sistema.
Las tobilleras podrán utilizarse en arrestos domiciliarios, determinadas medidas de coerción personal y sanciones no privativas de la libertad previstas para adolescentes. En estos últimos casos, su implementación deberá respetar criterios de especialidad, proporcionalidad y reinserción social.
El monitoreo no será realizado directamente por el Ministerio de Justicia, sino por la empresa que resulte adjudicataria del servicio. Las autoridades judiciales deberán evaluar las condiciones personales y domiciliarias, tramitar el ingreso al sistema, coordinar la colocación del dispositivo y comunicar inmediatamente cualquier incumplimiento o alerta.
Según el relevamiento nacional correspondiente a 2024, un total de 12.643 personas cumplía prisión domiciliaria y el 54,71%, equivalente a 6.917 casos, tenía vigilancia electrónica. El nuevo programa realizará evaluaciones permanentes sobre la disponibilidad de dispositivos, los delitos investigados, la situación procesal de las personas monitoreadas y el nivel de cumplimiento de las medidas.