El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur manifestó su respaldo a la nueva postura expresada por el Gobierno nacional en relación con la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
A través de un comunicado, la administración provincial consideró positivo que la Nación vuelva a colocar la cuestión Malvinas y la defensa del Atlántico Sur en un lugar central de la agenda. Sin embargo, planteó que este cambio de posición debe traducirse en medidas concretas y sostenidas en el tiempo.
Uno de los puntos destacados por la Provincia fue el anuncio de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, iniciativa que calificó como una herramienta relevante para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur.
Para el Gobierno fueguino, la ubicación estratégica de la Provincia y su condición bicontinental exigen una política de Estado que combine defensa, desarrollo, infraestructura y proyección antártica.
El reclamo por el Polo Logístico Antártico
En ese marco, Tierra del Fuego volvió a poner sobre la mesa uno de sus históricos reclamos: el acceso a las tierras necesarias para avanzar con el Polo Logístico Antártico.
La Provincia sostiene que este proyecto debe complementar la infraestructura vinculada con la defensa nacional y permitir el desarrollo de capacidades comerciales, científicas, logísticas y de servicios relacionadas con la Antártida.
La administración fueguina planteó así que defensa, desarrollo y proyección antártica deben integrarse dentro de una misma estrategia nacional, respetando las competencias de cada jurisdicción.
Buscan limitar el apoyo logístico a la explotación hidrocarburífera
Otro de los anuncios incluidos en el comunicado es el impulso de un nuevo marco normativo ante la Legislatura provincial.
El objetivo será establecer mecanismos para impedir que empresas nacionales o extranjeras utilicen territorio, infraestructura o capacidades logísticas bajo jurisdicción de Tierra del Fuego para brindar asistencia a actividades relacionadas con la ocupación británica o con la exploración y explotación de recursos naturales en el área en disputa.
La iniciativa contempla medidas sobre operaciones de transporte, abastecimiento, asistencia técnica y apoyo logístico, además de posibles herramientas fiscales, patrimoniales y comerciales contra quienes participen del sostenimiento material de esas actividades.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que Tierra del Fuego no debe convertirse en una plataforma logística para operaciones vinculadas con la explotación de recursos que la Argentina considera propios.
Reclamo de una estrategia diplomática y jurídica
El Gobierno fueguino también pidió que la posición argentina frente a las actividades británicas en el Atlántico Sur tenga continuidad en el plano internacional.
En particular, planteó la necesidad de profundizar las acciones diplomáticas y jurídicas para denunciar las actividades unilaterales británicas y llevar nuevamente la cuestión ante los organismos internacionales correspondientes.
La Provincia también reclamó que Argentina evalúe las distintas vías judiciales y jurisdiccionales disponibles para intentar frenar el avance de la explotación hidrocarburífera en el área en disputa.
El planteo parte de una advertencia: si las actividades de explotación avanzan durante los próximos años, la respuesta argentina no debería producirse cuando los hechos ya estén consolidados.
Piden reactivar el Consejo Nacional de Malvinas
Otro de los reclamos formulados está dirigido a la reactivación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, creado por ley como ámbito plural e interinstitucional para contribuir al diseño de políticas nacionales sobre la cuestión.
Para Tierra del Fuego, la paralización de este espacio resulta difícil de justificar frente al escenario actual del Atlántico Sur y al avance de las actividades británicas sobre los recursos naturales.
En paralelo, la Provincia anunció que solicitará formalmente al Poder Ejecutivo Nacional una mayor apertura al diálogo y una participación efectiva en la definición de las políticas relacionadas con Malvinas y el Atlántico Sur.
“No reclamamos un lugar meramente consultivo”
El Gobierno fueguino fue enfático al plantear que su participación no debería limitarse a una función consultiva.
La Provincia recordó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes forman parte del territorio provincial por mandato constitucional.
Sobre esa base, sostuvo que Tierra del Fuego debe tener participación institucional en aquellas decisiones nacionales que involucren directamente su territorio, sus recursos naturales y su proyección estratégica.
El comunicado también recordó acciones que la Provincia ya inició en defensa de los intereses argentinos, entre ellas una presentación ante la Autoridad de Valores de Israel relacionada con actividades de empresas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en el área en disputa.
Una agenda que busca combinar soberanía y desarrollo
Finalmente, el Gobierno fueguino convocó a la Nación a acompañar institucionalmente las acciones impulsadas desde la Provincia y a construir una estrategia común para el Atlántico Sur.
El planteo provincial apunta a que la discusión sobre Malvinas no quede circunscripta al reclamo diplomático, sino que incorpore también la protección de los recursos naturales, el fortalecimiento de la presencia argentina, el desarrollo del Atlántico Sur y la proyección antártica.
De esta manera, Tierra del Fuego respaldó el cambio de posición expresado por el Gobierno nacional, aunque dejó en claro que espera que los anuncios se traduzcan en políticas concretas y, especialmente, en una mayor participación de la Provincia en las decisiones estratégicas sobre el extremo sur argentino.