Tierra del Fuego denuncia paralización de obras nacionales y falta de cumplimiento por parte del gobierno central
La ministra de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, expresó su preocupación por la crítica situación de la obra pública en la provincia, afectada por la falta de desembolsos y el incumplimiento de convenios por parte del Estado nacional. Según advirtió, muchas obras clave se encuentran paralizadas desde fines de 2023, lo que repercute tanto en el desarrollo local como en la generación de empleo.
En declaraciones radiales, Castillo remarcó que, a pesar de los acuerdos firmados con Nación, “no llegó un solo peso” de los compromisos asumidos. Algunas iniciativas, como la ampliación de plantas de tratamiento en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, quedaron sin financiamiento, y otras fueron directamente abandonadas tras la disolución de organismos como ENHOSA.
La funcionaria relató que tras la firma de convenios en Casa Rosada —en el marco de una reunión entre gobernadores y Nación—, se acordó un esquema en el que algunas obras serían financiadas por el Gobierno central y otras quedarían bajo responsabilidad provincial. “Las que asumimos desde la provincia avanzan con esfuerzo propio, pero aquellas que estaban en manos de Nación están completamente frenadas”, subrayó.
Además, Castillo cuestionó la falta de actualización de montos y la inacción frente a los pagos pendientes. “Aunque presentemos toda la documentación, si no pagan y no reconocen la inflación, ninguna empresa va a retomar los trabajos”, sentenció.
Ante este escenario, explicó que varias obras debieron ser continuadas con fondos provinciales o reconfiguradas, como el caso del colector Malvinas. “Hemos rescindido contratos y tomamos la ejecución por administración propia”, detalló. Sin embargo, reconoció que hay proyectos como el colector Maipú que aún no tienen solución por falta de apoyo financiero.
En el área de viviendas, Castillo fue aún más crítica. Señaló que se había acordado una transferencia de 5.000 millones de pesos cuando el costo real ya superaba los 16.000 millones, y hoy se estima que el valor asciende a 25.000 millones. “No solo no giraron el dinero prometido, sino que además quieren recuperar lo poco que alguna vez aportaron cuando entreguemos las unidades habitacionales”, denunció.
Finalmente, la ministra también manifestó que la falta de garantías soberanas por parte de Nación bloquea la posibilidad de acceder a créditos internacionales. “Teníamos financiamiento aprobado para proyectos como el parque eólico de Río Grande o las obras eléctricas en Ushuaia, pero sin la firma de Nación no se puede avanzar. Nos cerraron todas las vías”, concluyó.