Tensión en la Patagonia por la flexibilización sanitaria: provincias analizan barreras propias y judicialización
La resolución 460/2025 del SENASA que autoriza el ingreso de carne con hueso plano al sur reactivó un antiguo debate regional. Tierra del Fuego y Santa Cruz apuntan a barreras provinciales, Río Negro evalúa la vía judicial, y Chubut reclama medidas regionales. El tema será eje central en la próxima cumbre de gobernadores patagónicos.
La reciente decisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que habilita el ingreso de cortes cárnicos con hueso plano a la Patagonia bajo estrictos protocolos sanitarios, encendió una fuerte polémica en las provincias del sur argentino. La medida, contemplada en la resolución 460/2025, fue interpretada por distintos gobiernos provinciales como un riesgo para el estatus sanitario regional, generando reacciones políticas y anticipando un conflicto federal en torno a la política sanitaria y comercial.
Avance nacional y reacción patagónica
El punto de conflicto es el ingreso de carne con hueso a zonas reconocidas como libres de aftosa sin vacunación, un estatus alcanzado tras décadas de control y que hoy es considerado clave para las economías regionales del sur. Aunque desde Nación aseguran que no se modifica ese estatus, y que los protocolos de trazabilidad, empaque y frío son estrictos, la medida fue recibida con escepticismo.
En Santa Cruz, la Legislatura ya aprobó una ley que establece una barrera sanitaria provincial, imitando el modelo implementado por Mendoza. En Tierra del Fuego, el Ejecutivo analiza una normativa similar, respaldada por asociaciones ganaderas locales. En Chubut, el gobierno dejó entrever que podría desconocer la autoridad del SENASA al sur del río Colorado, y en Río Negro evalúan presentar una acción judicial para frenar la medida.
La preocupación de los gobernadores será uno de los temas centrales en la reunión patagónica del próximo 4 de julio, que tendrá lugar en Gobernador Costa (Chubut), con participación de mandatarios provinciales y representantes del sector rural.
Críticas desde el sector rural
Desde la Asociación Rural de Tierra del Fuego, su presidenta Lucila Apolinaire criticó duramente la resolución: “El SENASA está diezmado, sin recursos ni personal para garantizar los controles. Esta decisión es política y fue tomada sin consenso”, expresó, y advirtió que no solo está en juego la carne bovina, sino también otras producciones ganaderas de la región.
En Río Negro, el gobierno calificó la resolución como “un retroceso” y acusó al Ejecutivo nacional de poner en riesgo la sanidad animal y el trabajo productivo en la región.
Apoyos y contrastes
No todas las provincias patagónicas rechazaron la medida. En Neuquén, el secretario de Producción, Diego García Rambeaud, aseguró que el estatus sanitario no se ve comprometido y defendió la resolución, aunque reconoció que la eficacia dependerá del control real en los puestos sanitarios.
En La Pampa, por su parte, la ministra Fernanda González celebró la flexibilización y recordó que se trata de un viejo reclamo local. “Es una buena noticia que permite avanzar en la comercialización de carne con hueso”, indicó.
Impacto comercial
Más allá del aspecto sanitario, la medida también genera impacto económico. Solo los frigoríficos habilitados para exportar podrían cumplir con los exigentes estándares, lo que beneficia a grandes cadenas comerciales y pone en desventaja a carnicerías tradicionales. Especialistas advierten que esto podría concentrar el mercado en pocos actores, con riesgo de suba de precios y desplazamiento del comercio minorista.
Un conflicto en desarrollo
El sur argentino se prepara para una pulseada política y judicial que podría redefinir las competencias sanitarias entre Nación y provincias. El dilema de fondo —confiar en los controles federales o implementar barreras provinciales— revive una discusión histórica y marca el inicio de un nuevo capítulo en la defensa del estatus sanitario de la Patagonia.