SUTEF impulsa una semana de protestas por la falta de respuestas salariales
Frente a la ausencia de avances en las negociaciones salariales, el SUTEF anunció un nuevo plan de lucha que se extenderá del 7 al 11 de abril. La decisión fue tomada durante el Congreso Provincial de Delegadas y Delegados realizado el pasado viernes 4 en un contexto marcado por el malestar docente ante más de cinco meses sin actualización salarial.
El sindicato responsabilizó al gobierno de Gustavo Melella por cerrar unilateralmente la discusión mediante un decreto, lo que consideran una medida que profundiza el ajuste sobre el sector educativo. Por ello, se resolvió una serie de acciones que incluyen asambleas, desobligaciones, paros y movilizaciones en toda la provincia.
La semana comenzó el lunes 7 con asambleas institucionales en todos los establecimientos educativos de Tierra del Fuego. El martes 8 se desarrollaron desobligaciones en los distintos turnos escolares, interrumpiendo parcialmente las actividades para facilitar el debate docente.
A partir del miércoles 9, comenzó un paro de 48 horas. Ese día se sumaron a una jornada nacional de protesta con movilizaciones en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Las concentraciones se organizaron a partir de las 16:00 horas en puntos clave de cada ciudad: Escuela N.º 1 en Ushuaia, Centro Cultural Alem en Río Grande y la Plaza Cívica en Tolhuin.
El jueves 10, la segunda jornada de huelga incluyó una marcha provincial que partió a las 14:30 desde la Escuela N.º 1 de Ushuaia hacia la Legislatura, donde estaba previsto el tratamiento del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo en la Comisión de Educación.
Finalmente, el viernes 11 se celebrará un nuevo Congreso Provincial de Delegadas y Delegados, esta vez de manera presencial en Tolhuin, entre las 9 y las 16 horas, en el quincho del SUTEF. En ese espacio se evaluarán los mandatos de base y se definirán los próximos pasos del plan de lucha.
Desde el gremio reiteraron su llamado a toda la docencia fueguina a sumarse activamente a cada una de las medidas, insistiendo en la necesidad de una Ley de Financiamiento Integral que garantice condiciones dignas para el sistema educativo y salarios acordes a la realidad inflacionaria del país.