Sturzenegger firmó la disolución de Vialidad Nacional y lanza la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas
En un anuncio cargado de definiciones políticas y económicas, el Gobierno confirmó este lunes el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismo histórico responsable del mantenimiento de las rutas nacionales, justo en el último día de vigencia de las facultades delegadas. La medida fue oficializada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en una conferencia de prensa en Casa Rosada, acompañado por el vocero presidencial Manuel Adorni.
Según detallaron, en el mismo decreto se dispuso también la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se reconvertirá en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que tendrá a cargo la fiscalización de futuras concesiones viales.
Con este movimiento, el Gobierno busca avanzar de inmediato en la licitación de 9.120 kilómetros de rutas nacionales, a las que definieron como “deterioradas como nunca antes en la historia”. El objetivo, explicaron, es traspasar la gestión al sector privado para mejorar el estado de la infraestructura.
Gremios en pie de guerra y rutas sin cobertura
Pero el anuncio encendió todas las alarmas en los sindicatos del sector. Desde el Sindicato de Trabajadores Viales (STVyARA) denunciaron que el cierre de la DNV dejará a más de 5.500 empleados sin trabajo y comprometerá seriamente la seguridad vial en al menos 118 rutas nacionales, que suman unos 40.000 kilómetros.
La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, advirtió que “la disolución de Vialidad es una decisión puramente ideológica para desmantelar el Estado” y acusó al presidente Javier Milei y al ministro Sturzenegger de ser responsables de crear “rutas nacionales de la muerte”. Según Aleñá, el gobierno “miente con la supuesta ineficiencia del organismo” y busca abrir la puerta a negocios privados.
En esa línea, el sindicato llamó a los gobernadores y a todas las fuerzas políticas a frenar el avance del decreto. Vale recordar que tanto Maximiliano Pullaro (Santa Fe) como Alberto Weretilneck (Río Negro) recurrieron a la Justicia federal para que se garantice el mantenimiento de las rutas.
El cierre de la etapa de facultades delegadas
En paralelo, el vocero Adorni hizo un balance del año en que el Ejecutivo utilizó las facultades delegadas votadas en la ley Bases. Aseguró que el gobierno de Milei “es uno de los pocos desde 1983 que no pidió extenderlas” y criticó duramente a la gestión anterior por hacer un uso prolongado de esos instrumentos.
Por su parte, Sturzenegger anticipó que el presidente planea reconocer a “las 200 personas que trabajaron intensamente durante este año con facultades especiales”. Se espera un acto oficial para agradecer su labor.
El reclamo de las provincias y el futuro incierto
Desde el inicio del mandato de Javier Milei, varios gobernadores pidieron que las rutas nacionales pasaran a manos provinciales, pero hasta ahora ese traspaso no se concretó. Según trascendió, una de las trabas fue la falta de acuerdo sobre la entrega de las rutas con concesiones finalizadas y obras concluidas.
Con este nuevo esquema, los mandatarios provinciales temen quedar a cargo de trazas sin mantenimiento garantizado. Mientras tanto, el Gobierno apuesta a que el sector privado asuma el desafío de invertir en la red vial, algo que genera fuertes interrogantes en un contexto económico todavía frágil.