Abonar conceptos vinculados al alumbrado público sin contar con iluminación en su sector es uno de los principales reclamos que Sergio Raymundo, expresidente de la Dirección Provincial de Energía (DPE), planteó contra la Municipalidad de Ushuaia. En declaraciones a Radio Provincia, el ingeniero aseguró que los vecinos llevan años pagando mientras las calles por las que deben desplazarse continúan a oscuras.
Raymundo advirtió que la situación afecta especialmente a quienes llegan caminando para trabajar en las viviendas de la zona. Según describió, la falta de luminarias se combina con la ausencia de transporte público, lo que obliga a realizar parte del recorrido a pie por lugares que presentan dificultades adicionales durante el invierno.
“Se tienen que bajar en la calle de la estancia, cruzar frente a mi casa por un predio que en invierno no podían porque estaba lleno de nieve. Ahora sí cruzan ahí, en el medio de la oscuridad, vienen con lucecita en la cabeza”, relató. Para el exfuncionario, esas condiciones representan un riesgo para las personas que transitan diariamente por el sector.
El crecimiento habitacional, explicó, incrementó la circulación de trabajadores que realizan tareas domésticas y de cuidado. Sin embargo, sostuvo que esa transformación de una zona con características rurales en un área cada vez más poblada no estuvo acompañada por los servicios necesarios.
Como respuesta mínima, propuso establecer una conexión de transporte desde el supermercado La Anónima hasta el fondo de la calle Los Ñires. “Tiene que haber alguna forma de solucionarle a la gente de a pie que tenga luz, que tenga un medio de transporte”, reclamó, y aseguró que ya trasladó estas dificultades a distintos funcionarios municipales.
A la falta de iluminación sumó su preocupación por las condiciones de pago de una obra de pavimentación que financian los propietarios. Según contó, cuando tramitó el libre deuda para renovar su licencia de conducir le informaron que el saldo debía cancelarse antes del día 30 y que, después de ese vencimiento, comenzarían a aplicarse intereses.
Raymundo aclaró que no cuestiona el compromiso asumido por los vecinos para afrontar la obra, sino el mecanismo previsto para cobrar los montos pendientes. Señaló que las sumas pueden alcanzar varios millones de pesos, dependiendo de cada propiedad, y que pidió a concejales que aclaren cómo se calcularán los recargos.
“Si a mí me dicen: ‘Mirá, te lo vamos a ajustar de acuerdo al índice que le van a ajustar a la empresa’, por ahí puedo llegar a aceptarlo, pero no un interés bancario usurero que me van a aplicar si yo no pago el 30”, expresó. De acuerdo con su relato, el anticipo necesario para avanzar con la contratación ya había sido reunido y la discusión se concentra ahora en el saldo restante.
El ex titular de la DPE cuestionó tanto al Ejecutivo municipal como al Concejo Deliberante por la manera de atender estas demandas. “Se ponen las camisetas de hacer la obra, hacer la obra, y piensan poco en los vecinos”, sostuvo. Su planteo reúne dos preocupaciones: las obligaciones económicas que deben afrontar los propietarios y la falta de servicios básicos en el lugar donde viven y trabajan.