La investigación judicial por las actividades petroleras desarrolladas sin autorización argentina en aguas próximas a las Islas Malvinas sumó nuevas empresas y abrió otras líneas de pesquisa. El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la acusación e incorporó a tres sociedades vinculadas con Rockhopper y a Navitas Petroleum, una de las principales compañías involucradas en el proyecto Sea Lion.
La decisión alcanza a Rockhopper Exploration PLC, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Navitas Petroleum Development and Production Limited. Las firmas se incorporan a Desire Petroleum Limited, que ya se encontraba bajo investigación. El expediente tramita ante el Juzgado Federal N° 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo, y tuvo su origen en una denuncia presentada por el canciller Pablo Quirno.
Buscan reconstruir quiénes están detrás de las compañías
Uno de los movimientos centrales de la fiscalía apunta a conocer en detalle la estructura empresarial que sostiene las operaciones hidrocarburíferas. Stornelli solicitó el envío de exhortos de cooperación internacional al Reino Unido para obtener información sobre las sociedades de Rockhopper y a Israel para determinar la composición de Navitas y establecer sus eventuales relaciones comerciales con compañías británicas.
La investigación no quedará limitada a determinar si existió exploración o explotación de hidrocarburos sin autorización del Estado argentino. La fiscalía pretende establecer además si las actividades investigadas podrían encuadrar en delitos ambientales previstos por la Ley 24.051, infracciones aduaneras o maniobras de lavado de activos.
Como parte de las medidas de prueba, se pidió documentación a la Secretaría de Energía y a la Cancillería, además de información sobre posibles antecedentes ambientales y actuaciones de fuerzas federales relacionadas con las operaciones desarrolladas en el área de Malvinas.
Navitas y Rockhopper, también bajo la lupa por Sea Lion
La ampliación de la causa vuelve a colocar en el centro a las dos empresas vinculadas al desarrollo de Sea Lion. Según información difundida este año por las autoridades británicas de las Islas, Navitas posee una participación del 65% y actúa como operadora, mientras Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) mantiene el 35% restante en las licencias PL032 y PL033 y en el área del yacimiento.
Navitas también quedó alcanzada esta semana por una medida cautelar dictada por la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto, que ordenó abstenerse de avanzar con el proyecto Sea Lion en el marco de una causa ambiental. Las compañías, por su parte, sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades británicas de las Islas y han manifestado que prevén continuar con el proyecto.
Una investigación que se remonta a 2012
Los antecedentes judiciales y administrativos tienen más de una década. En 2012, la Secretaría de Energía declaró ilegales las actividades atribuidas a Desire Petroleum en la plataforma continental y, al año siguiente, la firma fue inhabilitada durante 20 años para operar en la Argentina. Rockhopper también había sido alcanzada por resoluciones sancionatorias durante ese período.
Ahora la fiscalía busca determinar si, pese a aquellas medidas y a posteriores modificaciones societarias, las operaciones continuaron mediante otras compañías y bajo permisos expedidos por las autoridades británicas de las Islas.
La acusación se apoya en la Ley 26.659, que establece sanciones penales y económicas para la exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina en su plataforma continental. Las responsabilidades previstas por la norma también pueden alcanzar a directores, administradores, gerentes y representantes de las sociedades involucradas.
El avance judicial se produce en medio de una nueva escalada de medidas impulsadas desde Buenos Aires por las actividades económicas en Malvinas. El Gobierno nacional también presentó ante el Congreso un proyecto para endurecer el régimen de sanciones contra empresas y personas que exploten recursos naturales sin autorización argentina.
Desde Londres, en tanto, el Gobierno británico rechazó las sanciones argentinas, las calificó como “inaceptables” y sostuvo que carecen de justificación legal, al tiempo que reiteró su respaldo a las actividades económicas desarrolladas bajo la administración británica de las Islas.