El secretario del Juzgado Federal de Río Grande, Juan Manuel Vicente, explicó los alcances de la intervención de la Justicia Federal en la causa vinculada al proyecto petrolero Sea Lion y aclaró que, hasta el momento, la jueza Mariel Borruto no dictó ninguna orden contra las empresas involucradas, sino que declaró la competencia del tribunal fueguino para tramitar el expediente.
En declaraciones a Radio Provincia, Vicente señaló que la demanda fue impulsada en materia civil por una organización de excombatientes y otra integrada por abogados ambientalistas, ante una posible afectación ambiental derivada de la explotación petrolera en cercanías de las Islas Malvinas. Las organizaciones solicitaron además medidas cautelares para intentar detener las actividades y evitar un eventual daño que posteriormente resulte imposible de reparar.
“Es un territorio sometido a la soberanía argentina”
Vicente explicó que la primera definición de la jueza estuvo relacionada con la jurisdicción que debe intervenir en el planteo. “Lo primero que resolvió la jueza al respecto es que la cuestión tiene que ser tramitada ante los tribunales argentinos porque es un territorio sometido a la soberanía argentina y en particular al Juzgado Federal de Río Grande”, sostuvo.
El funcionario judicial remarcó que para el tribunal fueguino esta situación no resulta novedosa debido a que existen antecedentes relacionados con las Islas Malvinas. “Para nosotros no es una novedad porque ya tenemos otras causas vinculadas con Malvinas”, expresó.
En ese sentido, consideró que la resolución adquirió una repercusión nacional mayor a la habitual, aunque desde Tierra del Fuego la competencia judicial sobre asuntos relacionados con las Islas forma parte de una posición ya sostenida en otros expedientes. “Para nosotros que estamos acá en Tierra del Fuego es normal que las cuestiones que se suscitan en Malvinas sean competencias de la Justicia Federal de Tierra del Fuego”, afirmó.
El desafío de notificar a empresas extranjeras
Uno de los puntos más complejos del proceso aparece a la hora de comunicar eventuales decisiones judiciales a compañías radicadas fuera de Argentina. Vicente explicó que en antecedentes similares fue necesaria la intervención de Cancillería.
“Nosotros requerimos de la intervención de la Cancillería Argentina para que realice las comunicaciones, para que realice vía exhorto las comunicaciones tanto a las empresas privadas eventualmente como a los estados nacionales que tienen que brindar información que se solicite”, detalló.
El secretario del Juzgado reconoció que allí aparece una dificultad que excede estrictamente el terreno judicial, debido a las diferentes posiciones internacionales respecto de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y a la posibilidad de que empresas extranjeras desconozcan decisiones emanadas de un tribunal argentino.
“Ahí va a depender, por supuesto, de cuestiones que exceden el dominio de la Justicia argentina, que tienen que ver sobre todo con la diplomacia”, señaló Vicente, al referirse a la posibilidad de lograr que otros Estados y empresas radicadas en el exterior cumplan órdenes dictadas desde Tierra del Fuego.
“Todavía hasta ahora no hay ninguna orden emitida de la jueza”
Vicente hizo especial hincapié en diferenciar la declaración de competencia de una eventual resolución sobre las medidas cautelares solicitadas.
“Todavía hasta ahora no hay ninguna orden emitida de la jueza, simplemente declaró su competencia sobre esta cuestión”, aclaró. Además, indicó que Borruto solicitó a la parte demandante adecuar algunos aspectos de la presentación antes de continuar con el trámite y resolver sobre las cautelares.
Entre esas cuestiones aparecen documentos presentados en inglés y enlaces a páginas de Internet. Vicente explicó que los contenidos digitales deben ser preservados mediante capturas u otros mecanismos porque podrían modificarse o desaparecer, mientras que la documentación en idioma extranjero deberá ser traducida.
“Todos los textos que están en inglés tienen que ser traducidos porque, obviamente, el idioma oficial argentino es el español, el castellano quiero decir, y también el lenguaje de soberanía”, manifestó. Y agregó: “Nuestro idioma es nuestra soberanía y nosotros tenemos que tramitar los expedientes en idioma nacional”.
Qué podría ocurrir si las empresas no cumplen
Consultado sobre un eventual incumplimiento de las empresas relacionadas con Sea Lion, Vicente evitó anticipar escenarios judiciales, aunque volvió a señalar el peso que tendría la política exterior argentina.
“Si tenemos una empresa que no respeta la soberanía de un país y explota recursos sobre ese país sin autorización, ahí está la cuestión diplomática de nuestro país”, expresó. Según explicó, podrían entrar en juego las relaciones de esas compañías con otros países y la capacidad argentina para generar respuestas frente a eventuales incumplimientos.
Por último, Vicente señaló que, en caso de que posteriormente Borruto dicte una resolución que ordene realizar, suspender o comunicar alguna acción, será necesaria nuevamente la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Eventualmente, si la jueza dicta alguna orden que implique hacer o no hacer o comunicar alguna de las medidas, vamos a requerir por supuesto de la buena predisposición de la Cancillería para hacer cumplir esto, para notificarlo y para hacerlo cumplir”, concluyó el secretario del Juzgado Federal de Río Grande en diálogo con Radio Provincia.