Se realizó un conversatorio para debatir el proyecto de ley sobre “falsas denuncias”
La actividad fue organizada por la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad y reunió a especialistas, profesionales y referentes vinculados a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
El Gobierno de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad, llevó adelante un conversatorio en el Salón Malvinas de Casa de Gobierno para debatir el proyecto de ley sobre “falsas denuncias” impulsado desde el oficialismo nacional.
La actividad contó con la participación del ex juez de la Cámara Federal de la Provincia de Buenos Aires y referente en Derechos Humanos, Carlos Rozanski, junto a las licenciadas en Psicología Natalia Matiello y Paulina Báez, quienes fueron denunciadas por abogados penalistas de Rosario a raíz de informes periciales vinculados a situaciones de abuso.
Durante el encuentro se desarrolló un espacio de reflexión e intercambio sobre los alcances y posibles implicancias de la iniciativa legislativa, con especial foco en la protección integral de niños, niñas y adolescentes y en el rol de los profesionales que intervienen en estos procesos.
La secretaria de Derechos Humanos e Igualdad, Sonia Splausky, sostuvo que el debate permitió profundizar el análisis sobre un proyecto cuyas implicancias “exceden únicamente a las mujeres y diversidades”, ya que también pone en discusión el trabajo de psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales que intervienen en situaciones vinculadas a infancias.
Asimismo, remarcó la importancia de generar espacios de reflexión para analizar el impacto que determinadas iniciativas podrían tener sobre quienes trabajan cotidianamente en la restitución y protección de derechos.
Por su parte, Carlos Rozanski señaló que durante el conversatorio se abordó “el mito de las falsas denuncias en casos de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes” y advirtió sobre la situación de vulnerabilidad que atraviesan las víctimas.
Además, expresó preocupación por las posibles consecuencias que una normativa de este tipo podría generar sobre el trabajo de profesionales que asisten y acompañan a posibles víctimas de abuso.