La distancia entre los derechos reconocidos por las leyes y la atención que recibe la población fue uno de los principales aspectos señalados por una investigación sobre salud mental y prevención del suicidio en Tierra del Fuego. El trabajo destacó el desarrollo de espacios de asistencia, aunque identificó obstáculos presupuestarios y de coordinación que dificultan la continuidad de las políticas públicas.
Con especial atención en Río Grande durante el período 2019-2024, el análisis encontró que la articulación entre organismos estatales y organizaciones sociales se aplica de manera parcial. También advirtió diferencias en la distribución de recursos entre las tres ciudades fueguinas y la necesidad de mejorar el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio para evitar intervenciones fragmentadas.
Las politólogas Débora Noemí Villalba y Gisela Pichunman presentaron los resultados durante las II Jornadas de Salud Mental Comunitaria e Inclusión Social, organizadas por la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico del CENT 35. Pichunman se desempeña como docente investigadora del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado de la UNTDF.
La investigación, denominada “La salud mental y la prevención del suicidio en la frontera: entre el marco legal y su aplicación práctica en Tierra del Fuego”, combinó la revisión de normativa nacional, provincial y municipal con entrevistas a funcionarios, integrantes de organizaciones sociales y un concejal riograndense.
Entre los avances, las autoras señalaron que la provincia adoptó tempranamente los principios nacionales de atención integral, reconocimiento de derechos y abordaje comunitario. Asimismo, destacaron el aporte de las organizaciones civiles de Río Grande, cuyas demandas ayudaron a instalar el tema en la agenda pública e impulsar áreas técnicas y nuevos dispositivos de atención.
Las dificultades aparecen, según el estudio, al sostener los ámbitos formales de participación. El trabajo hizo referencia al Consejo Consultivo Honorario y al Consejo Municipal de Salud Mental, cuya primera sesión se realizó a fines de agosto de 2026. Estos espacios están previstos para contribuir al diseño, seguimiento y evaluación de las políticas, pero los problemas para darles continuidad favorecen una coordinación basada en vínculos informales.
Las conclusiones plantean que la aprobación de normas y la creación de programas deben acompañarse de acuerdos políticos, financiamiento progresivo y mecanismos estables de participación. Para las investigadoras, esos elementos resultan necesarios para convertir los avances institucionales en respuestas sostenidas y acordes con las necesidades de cada comunidad.