La ministra de Desarrollo Social se refirió a la protesta que se mantiene frente a las dependencias del organismo y remarcó que las intervenciones se realizan bajo pautas judiciales. Aseguró que no existen demoras administrativas propias y sostuvo que la prioridad institucional es resguardar los derechos de niños y adolescentes.
RÍO GRANDE.- En medio de la protesta que se desarrolla en las inmediaciones del área de Niñez, la ministra de Desarrollo Social, Lucía Rossi, brindó precisiones sobre el funcionamiento del organismo y el tratamiento de los procesos de revinculación familiar que se encuentran actualmente en curso.
Sin ingresar en situaciones particulares, debido a que existen intervenciones judiciales que involucran a menores, la funcionaria explicó que el organismo provincial actúa como órgano de aplicación de la normativa de protección de niños y adolescentes y mantiene una coordinación permanente con los juzgados de familia de toda la provincia.
Rossi remarcó que el área puede elaborar informes, realizar evaluaciones y formular recomendaciones, pero las decisiones vinculadas con las medidas de protección y los procesos de revinculación corresponden a la Justicia, cuyas resoluciones deben ser cumplidas por el organismo.
Revincular no significa solamente volver a encontrarse
Uno de los puntos centrales planteados por la ministra estuvo relacionado con el alcance de las revinculaciones. Según explicó, se trata de procesos progresivos que deben desarrollarse bajo determinadas condiciones y teniendo como eje el bienestar de los niños.
En ese marco, las resoluciones judiciales pueden establecer pautas específicas, entre ellas la realización de tratamientos psicológicos, entrevistas u otras instancias profesionales. El cumplimiento de esas condiciones es posteriormente informado a los tribunales para que puedan evaluar la continuidad del proceso.
Rossi defendió además la capacidad técnica del personal que interviene en estos procedimientos y aseguró que el organismo cuenta con profesionales formados y capacitados para abordar situaciones de alta complejidad.
A esto se suma la participación de especialistas del sistema de salud cuando corresponde, quienes llevan adelante entrevistas y sesiones y luego remiten sus evaluaciones tanto al organismo como a la Justicia.
La explicación oficial sobre las demoras
Ante los cuestionamientos relacionados con los tiempos de las revinculaciones, la ministra negó que existan demoras administrativas atribuibles directamente al organismo.
Explicó que buena parte de los plazos son establecidos por los propios juzgados y que el área debe responder e informar dentro de los tiempos fijados judicialmente.
No obstante, reconoció que determinados procesos pueden prolongarse por diferentes circunstancias vinculadas a los adultos involucrados, como impedimentos de contacto o incumplimientos de tratamientos y otras órdenes judiciales.
En ese sentido, sostuvo que las extensiones de los procesos deben analizarse dentro de un sistema en el que intervienen distintos actores y donde las decisiones finales corresponden a los tribunales.
La protesta también afecta la atención de otras familias
Rossi señaló que la manifestación genera dificultades en el funcionamiento cotidiano del área, debido a que el organismo continúa atendiendo numerosos casos de manera simultánea.
Según explicó, la situación también afecta a familias que concurren con turnos previamente programados, incluso acompañadas por niños, y que se encuentran con un contexto que calificó como hostil.
La funcionaria indicó además que trabajadores del organismo realizaron presentaciones gremiales y que la representación sindical efectuó una presentación ante el Ministerio de Trabajo por situaciones derivadas de la protesta.
“Nuestra responsabilidad es hacia la protección de los menores”
La ministra reconoció la carga emocional que atraviesan las familias que reclaman y evitó confrontar con quienes participan de la manifestación.
“Entiendo la carga de angustia de estas familias, pero nuestra obligación es hacia la protección de los derechos de estos menores”, sostuvo Rossi.
De esta manera, la titular de Desarrollo Social buscó poner el foco en el criterio que, según explicó, debe orientar cada intervención del organismo: garantizar el interés y los derechos de niños y adolescentes, aun cuando las decisiones puedan generar conflictos o demoras para los adultos involucrados.
Rossi insistió en que el objetivo del área no es resolver los intereses de una de las partes, sino intervenir dentro del marco establecido por la legislación y las resoluciones judiciales para garantizar la protección de los menores.