El diputado nacional de La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez, mantuvo un encuentro con Juan Donald, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Legales y Relaciones Gubernamentales del Grupo Mirgor, en medio de la disputa laboral que atraviesa la compañía. Tras la reunión, el legislador señaló que buscó conocer “de primera mano” la posición de la empresa y posteriormente difundió una serie de consideraciones a través de sus redes sociales.

Uno de los principales puntos abordados fue la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Rodríguez recordó que, durante ese período, tanto la compañía como las organizaciones sindicales deben evitar decisiones que profundicen el conflicto. “El gremio y la empresa estaban dentro de una conciliación obligatoria, herramienta dictada por el Ministerio de Trabajo, para que en el lapso de 15 días la empresa no despida y los gremios no tomen ninguna medida de fuerza”, expresó, al tiempo que cuestionó el cumplimiento de esa disposición por parte de los sindicatos.

El diputado también presentó la explicación que recibió sobre el origen de las diferencias entre la firma y los trabajadores. Según manifestó, la discusión comenzó por un reclamo vinculado con un premio vacacional, aunque sostuvo que posteriormente se incorporó otro tema relacionado con la actividad de los representantes sindicales dentro de la fábrica. “Nadie está en contra que el trabajador cobre un premio vacacional, pero las empresas tiraron sobre la mesa algo más que no te contaron, que es que los delegados gremiales trabajen y que cumplan una función por la cual se les paga un sueldo”, afirmó. Además, aseguró que en Mirgor existen “más de 25 delegados gremiales”.

Otro de los aspectos destacados por Rodríguez estuvo relacionado con las consecuencias productivas de las medidas de fuerza. De acuerdo con la información que dijo haber recibido durante la reunión, durante los primeros seis meses del año la compañía habría perdido cerca de 30 días de producción. El legislador sostuvo además que esta situación habría provocado inconvenientes comerciales, incluida la pérdida de dos clientes, y dificultades para cumplir con determinados compromisos de entrega.

En ese sentido, planteó que la continuidad de los conflictos también podría tener efectos sobre la creación de empleo. “La empresa no está en contra de que los trabajadores manifiesten un reclamo válido”, sostuvo, aunque cuestionó particularmente aquellas medidas que implican detener la producción por reclamos que, según su interpretación, no están directamente relacionados con la actividad de la planta.

Finalmente, Rodríguez aseguró que Mirgor incorporó recientemente a 40 trabajadores y que la compañía analiza sumar una cantidad similar. A partir de ese dato, el diputado cuestionó el relato de los sectores sindicales y atribuyó al conflicto una motivación política. “Esto tiene un trasfondo político, ellos buscan generar caos, miedo y desinformar porque a ellos les sirve una fábrica parada”, afirmó.

Las declaraciones del legislador representan la posición que recogió tras su encuentro con autoridades de Mirgor y se producen en un escenario marcado por la tensión entre la empresa y sus trabajadores, con una conciliación obligatoria vigente y posiciones enfrentadas respecto de las causas y responsabilidades detrás del conflicto.