Representantes de organizaciones ambientalistas y excombatientes presentaron una acción preventiva de daños ante el Juzgado Federal de Río Grande por el proyecto petrolero Sea Lion. El intendente Martín Perez anticipó que el Municipio buscará sumar a otros intendentes patagónicos y llevar el reclamo al Congreso.
El Municipio de Río Grande expresó su respaldo a la presentación judicial realizada ante el Juzgado Federal de Río Grande contra las actividades vinculadas al proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion, proyectado en las Islas Malvinas.
La acción fue impulsada por representantes de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina y del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata, quienes solicitaron la intervención de la Justicia ante lo que consideran un potencial riesgo ambiental y una afectación de los intereses soberanos argentinos.
La presentación busca que se determine el eventual impacto ambiental de la explotación petrolera y contempla el pedido de una medida cautelar para suspender las actividades vinculadas al proyecto mientras se analiza el alcance de los posibles daños.
Según explicaron los representantes de las organizaciones, el Juzgado Federal de Río Grande ya adoptó una primera resolución y dio intervención al Ministerio Público Fiscal.
El Municipio analiza una estrategia junto a intendentes patagónicos
Tras reunirse con los representantes de las organizaciones, el intendente Martín Perez confirmó el acompañamiento del Municipio a la acción judicial y anticipó que se buscará ampliar el respaldo institucional.
“Desde el Municipio vamos a acompañar esta acción y a promover la participación de otros mandatarios de la Patagonia”, señaló el jefe comunal.
Perez sostuvo que la explotación petrolera proyectada representa no solo una cuestión vinculada con la soberanía sobre las Islas Malvinas, sino también un potencial riesgo ambiental para el Atlántico Sur.
“Cualquier situación de daño ambiental que se pueda generar en Malvinas, en una explotación tan perjudicial como la que se quiere llevar adelante, es un riesgo también para nuestro mar argentino y para nuestras costas”, afirmó.
En ese marco, el Municipio analiza avanzar junto al Concejo Deliberante de Río Grande en una estrategia institucional que permita acompañar la presentación judicial y promover una acción colectiva con otras ciudades e intendencias de la Patagonia.
Buscan llevar el reclamo al Congreso
El intendente también anticipó que el planteo podría ser trasladado al Congreso de la Nación, con el objetivo de impulsar un acompañamiento institucional a las acciones vinculadas con la defensa de los recursos naturales argentinos y la soberanía en el Atlántico Sur.
Perez cuestionó, además, la falta de medidas que, a su entender, debería adoptar el Gobierno nacional frente a la explotación de recursos hidrocarburíferos en el área de las Islas Malvinas.
“Tenemos que llevar adelante acciones concretas. Río Grande es un faro de soberanía”, sostuvo el jefe comunal, quien remarcó que el Municipio acompañará las iniciativas que busquen frenar la explotación de recursos en el territorio cuya soberanía reclama la Argentina.
Ambiente y soberanía, en una misma presentación
Desde las organizaciones que impulsaron la acción judicial destacaron como uno de los aspectos centrales de la presentación la decisión de abordar en conjunto las cuestiones ambientales y de soberanía.
El abogado ambientalista Fabián Maggi explicó que la acción viene siendo trabajada desde hace tiempo y consideró novedoso integrar ambas dimensiones en una misma estrategia judicial.
Por su parte, Jerónimo Guerrero, apoderado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, sostuvo que la presentación pretende avanzar ante lo que calificó como una falta de intervención del Gobierno nacional frente al proyecto petrolero.
Guerrero también destacó el respaldo del Municipio de Río Grande y el vínculo institucional mantenido con el intendente.
La presentación se encuentra ahora bajo análisis del Juzgado Federal de Río Grande, que ya dio intervención al Ministerio Público Fiscal. El proceso judicial buscará determinar el alcance de los planteos formulados por las organizaciones y las eventuales medidas que puedan corresponder.
Del encuentro participaron además el legislador Matías Lapadula, la presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, y los concejales Jonatan Bogado y Walter Abregú.