La falta de regularidad en el envío de los fondos coparticipables volvió a profundizar las diferencias entre el Municipio de Río Grande y el Gobierno de Tierra del Fuego. En este contexto, la administración del intendente Martín Perez buscará que la reunión convocada para este martes concluya con un documento firmado que establezca las condiciones para cancelar los recursos pendientes de transferencia.
La secretaria de Finanzas municipal, Valeria Capotorto, anticipó que la ciudad no aceptará una nueva instancia de negociación sin definiciones concretas. La funcionaria recordó que ya se realizaron dos encuentros con representantes provinciales sin resultados satisfactorios, mientras las obligaciones económicas del Gobierno con el Municipio continuaron acumulándose.
El principal planteo estará centrado en establecer un cronograma de pagos que contemple los montos adeudados, las fechas de cancelación y un procedimiento que permita verificar su cumplimiento. Desde el Ejecutivo municipal consideran que contar con estas precisiones resulta indispensable para recuperar previsibilidad presupuestaria y organizar las obligaciones financieras de la ciudad.
Capotorto cuestionó que las conversaciones institucionales desarrolladas hasta el momento no hayan permitido modificar la situación. “Nosotros tenemos una posición siempre muy conciliadora, el diálogo forma parte de nuestra gestión. A pesar de haber diálogo, no tenemos respuestas ni claras ni concretas y la deuda no sólo no ha mermado, sino que se ha incrementado”, manifestó.
Uno de los aspectos que el Municipio busca dejar en claro es que los recursos reclamados no constituyen un aporte extraordinario ni una asistencia financiera solicitada al Ejecutivo fueguino. Se trata de dinero que, según sostiene la administración municipal, ya ingresó a las cuentas provinciales y debe ser distribuido conforme al régimen de coparticipación vigente.
“Nosotros no le estamos pidiendo al Gobierno sumas que no hubiera recibido, sino que son sumas que ya recibió y que no le transfirió a Río Grande”, expresó la responsable del área económica.
La demora en las remesas también genera dificultades para sostener los compromisos cotidianos del Estado municipal. Entre los servicios cuya planificación financiera puede verse condicionada figuran el abastecimiento de agua potable, la recolección de residuos, el transporte público y la atención que se brinda mediante los 15 dispositivos municipales de salud.
Si bien Capotorto reconoció que la caída de la recaudación y el escenario económico nacional afectan a las administraciones públicas, consideró que esas dificultades no justifican la retención o postergación de recursos que corresponden a las ciudades. En ese sentido, remarcó que la disponibilidad de los fondos resulta fundamental para garantizar la continuidad de las prestaciones destinadas a los vecinos.
La funcionaria también recordó que, ante la ausencia de soluciones en las negociaciones anteriores, el Municipio avanzó con una intimación formal para reclamar las transferencias pendientes. Ese procedimiento podría continuar si el encuentro de este martes finaliza nuevamente sin compromisos verificables.
“Necesitamos una certeza de cómo va a cancelar la deuda que tiene para con Río Grande. Si no vuelvo con ninguna certeza, calculo que el proceso seguirá su curso”, advirtió.
De esta manera, la reunión con las autoridades económicas provinciales aparece como una instancia decisiva para intentar encauzar el conflicto financiero. La administración de Martín Perez mantiene su disposición a negociar, aunque esta vez pretende que las conversaciones se transformen en un acuerdo documentado y con obligaciones precisas.
“Esperemos que esto no quede en una foto nada más”, señaló Capotorto, al sintetizar la expectativa municipal de obtener una respuesta que permita comenzar a regularizar los fondos reclamados.