El Municipio de Río Grande impulsa una nueva normativa que establece la castración obligatoria de perros y gatos, endurece las sanciones económicas y restringe la adopción de animales a quienes acumulen infracciones. La propuesta fue enviada al Concejo Deliberante y contempla medidas para disminuir el abandono y la presencia de mascotas sueltas en las calles.

La tenencia de animales domésticos podría quedar sujeta a mayores exigencias en Río Grande si prospera el proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo municipal. La iniciativa propone modificar las obligaciones de los propietarios de mascotas e incorporar mecanismos de control para enfrentar los problemas relacionados con la reproducción sin planificación, el abandono y los riesgos que generan los animales que circulan sin supervisión.

Uno de los cambios más importantes es la obligatoriedad de esterilizar a todos los perros y gatos, salvo aquellos que cuenten con una contraindicación veterinaria debidamente certificada. Los responsables deberán cumplir con el procedimiento dentro del plazo que establezca la normativa y, si optan por una clínica privada, tendrán que presentar el certificado correspondiente e inscribir la intervención en los registros municipales.

La propuesta también contempla un incremento considerable de las multas. Actualmente, el piso de las sanciones es de 300 unidades punitorias, mientras que el nuevo esquema pretende elevarlo a 1.000, con penalidades que podrían alcanzar las 3.000 unidades. Las infracciones incluyen la presencia de perros sueltos, episodios de mordeduras, incumplimiento de la castración y situaciones de maltrato animal.

Otra disposición apunta a quienes reinciden en conductas irresponsables. Según el texto enviado al Concejo, las personas que acumulen tres o más multas durante un período de dos años quedarán impedidas de adoptar animales de compañía. Además, los perros y gatos recogidos en la vía pública permanecerán bajo resguardo municipal durante 72 horas, tiempo en el que sus responsables podrán recuperarlos una vez regularizadas las condiciones de identificación, registro y castración, además de abonar los gastos de alojamiento y mantenimiento.

Sin embargo, el proyecto incorpora una alternativa para evitar determinadas sanciones económicas. El Juzgado Municipal de Faltas podrá eximir del pago a quienes subsanen la infracción dentro del período previsto. Por ejemplo, una persona multada por no haber castrado a su mascota podría quedar exceptuada si acredita la realización del procedimiento dentro de los cinco días establecidos.

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, explicó que la intención es profundizar las acciones municipales relacionadas con el bienestar animal y la prevención sanitaria. “Al momento de pensar en una ciudad mascotera, surge una doble responsabilidad: un Estado municipal que invierte y una ciudadanía que se compromete y cuida”, expresó al fundamentar la necesidad de acompañar los servicios públicos con una mayor participación de los propietarios.

En paralelo, la Municipalidad se encuentra próxima a finalizar la construcción del nuevo anexo de Servicios Veterinarios en la zona sur de Río Grande. El establecimiento se sumará a las prestaciones municipales, entre ellas las castraciones gratuitas, como parte de una estrategia destinada a ampliar la atención y fortalecer las acciones de prevención.

Ferro remarcó que los recursos destinados a profesionales veterinarios, infraestructura y campañas de esterilización deben estar acompañados por el cumplimiento de las responsabilidades individuales. “Quien decide sumar una mascota a su hogar tiene que asumir las responsabilidades que eso implica para que todos podamos convivir armónicamente”, sostuvo.

La iniciativa deberá ser analizada por los concejales antes de su eventual aprobación. De convertirse en ordenanza, Río Grande contará con nuevas herramientas para controlar la población de perros y gatos, sancionar conductas irresponsables y promover una convivencia más segura entre los animales y la comunidad.