La creciente demora en el envío de recursos de coparticipación desde el Gobierno provincial encendió las alarmas en el Municipio de Río Grande, donde advierten que la falta de fondos comienza a comprometer el funcionamiento de servicios esenciales y los programas de asistencia destinados a los sectores más vulnerables de la población.
El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, confirmó que los atrasos en las transferencias ya alcanzan los 45 días, una situación que calificó como inédita por su magnitud. Según explicó, se trata de dinero que la administración provincial ya recibió y que debe distribuir entre los municipios. En ese contexto, cuestionó duramente la postura del Ejecutivo fueguino al sostener que “existe una decisión política de parte del Gobierno Provincial de desfinanciar a Río Grande, y eso ya está perjudicando a los vecinos de nuestra ciudad”.
La preocupación municipal se concentra especialmente en el sostenimiento de prestaciones que dependen de esos ingresos. Entre ellas se encuentran el abastecimiento de agua potable, el sistema cloacal, los 15 dispositivos de atención sanitaria, más de 20 instalaciones deportivas y el transporte público. También podrían verse afectados los comedores comunitarios, la asistencia alimentaria, las becas y los mecanismos de acompañamiento económico a las familias.
Frente a este escenario, representantes del Ejecutivo municipal mantuvieron un encuentro con concejales, autoridades del Juzgado de Faltas e integrantes del Tribunal de Cuentas para evaluar las consecuencias financieras de la deuda. La reunión permitió avanzar en la coordinación de una mesa institucional, establecida mediante ordenanza, que buscará unificar información y definir medidas para reclamar los recursos pendientes.
Díaz destacó que las distintas fuerzas políticas del Concejo Deliberante acompañan el planteo municipal y anticipó que el reclamo podría trasladarse a los tribunales si no se obtiene una respuesta favorable. “Vamos a realizar un reclamo formal, primero por la vía administrativa y eventualmente por la vía judicial, para que la Provincia corrija esta situación y los fondos lleguen a los vecinos de Río Grande”, manifestó.
Desde el Municipio insistieron en que la regularización de los pagos resulta indispensable para recuperar la previsibilidad presupuestaria y garantizar la continuidad de las prestaciones públicas. Mientras persista el conflicto financiero, la administración local mantendrá las gestiones para exigir la transferencia de los fondos que considera correspondientes a la ciudad.