Una investigación por contrabando de cigarrillos que tuvo a Tierra del Fuego como parte central de la ruta utilizada por una organización transnacional llegará a juicio oral en Chile. La causa, denominada “Reyes de la Ruta”, reconstruyó al menos nueve operaciones realizadas durante 2023, en las que camioneros argentinos habrían atravesado el paso fronterizo San Sebastián transportando cargamentos que posteriormente eran entregados en territorio chileno.
El expediente comenzó con un amplio operativo que derivó inicialmente en la detención de 24 personas. Finalmente, siete acusados enfrentarán el juicio oral en Punta Arenas por delitos que incluyen contrabando reiterado, asociación criminal y lavado de activos. Dependiendo de las imputaciones atribuidas a cada uno, la Fiscalía chilena solicita penas que, sumadas, llegan hasta los 21 años de prisión.
De San Sebastián a Punta Delgada
La operatoria investigada se habría desarrollado principalmente entre agosto y octubre de 2023. Según la acusación, la estructura había organizado un circuito para trasladar cigarrillos desde Argentina hacia la Región de Magallanes utilizando camiones que circulaban por Tierra del Fuego.
Los transportistas argentinos habrían sido contactados específicamente para trasladar la mercadería y recibían importantes sumas de dinero a cambio. El recorrido contemplaba el paso por la frontera de San Sebastián y continuaba hasta las inmediaciones del terminal marítimo de Punta Delgada.
Allí se habría producido el traspaso de los cargamentos. Personas que aguardaban del lado chileno recibían los cigarrillos y posteriormente los trasladaban en vehículos de menor porte hasta Punta Arenas. La investigación sostiene que en esa ciudad funcionaba una estructura destinada a distribuir la mercadería para su comercialización.
En apenas tres meses, la organización habría concretado al menos nueve maniobras de ingreso de cigarrillos desde Argentina, una frecuencia que llevó a los investigadores chilenos a considerar que existía una logística estable detrás de los movimientos.
Siete acusados enfrentarán el juicio
El fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal de Magallanes, Felipe Aguirre Pallavicini, llevará a juicio a Rafael Leonardo Quezada Martínez, Luis Alberto Vera Mancilla, Ángel Mauricio Guerrero Contreras, Deny Mauro Oyarzo Silva, Pedro Antonio Puratich Gómez, Rafael Eduardo Igor Villegas y Daniel Antonio Robinson Aguilar.
Quezada Martínez y Vera Mancilla permanecen en prisión preventiva, mientras que otros imputados cumplen distintas medidas cautelares. Las responsabilidades atribuidas no son iguales para todos: algunos enfrentan acusaciones por contrabando y asociación criminal, mientras que otros están vinculados principalmente con el presunto lavado del dinero generado por la actividad.
Originalmente eran ocho las personas que se encaminaban al juicio oral. Sin embargo, Luis Javier Robinson del Campo aceptó un procedimiento abreviado y el 17 de septiembre recibió condenas de 3 años y un día por contrabando reiterado, otros 3 años y un día por lavado de activos y 541 días por asociación criminal.
Escuchas telefónicas serán parte de la prueba
Antes de la apertura del juicio se produjo una disputa judicial por una serie de escuchas telefónicas. Inicialmente habían quedado excluidas durante la audiencia preparatoria, pero la Fiscalía recurrió ante la Corte de Apelaciones y consiguió revertir esa decisión.
Para la acusación, esas conversaciones resultan relevantes porque estarían relacionadas con las maniobras de contrabando, la organización del grupo y el presunto lavado de activos. Tras resolverse esa discusión sobre la admisibilidad de la prueba, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó la apertura del juicio oral para los siete imputados.
Penas de hasta 21 años y millonarios decomisos
Las mayores penas solicitadas recaen sobre quienes la Fiscalía ubica en posiciones de conducción dentro de la presunta estructura. Para Quezada Martínez se piden 10 años y un día por contrabando reiterado, 5 años y un día por asociación criminal y otros 6 años por lavado de activos. Para Vera Mancilla, las solicitudes son de 8 años, 5 años y un día y 6 años, respectivamente.
También se solicitaron penas para Guerrero Contreras y Oyarzo Silva por contrabando y asociación criminal, mientras que Puratich Gómez, Igor Villegas y Robinson Aguilar enfrentan acusaciones vinculadas al lavado de activos.
El expediente incluye además pedidos de decomiso de vehículos, dinero y otros bienes presuntamente relacionados con las maniobras. Entre los elementos mencionados aparecen miles de cajetillas de cigarrillos y dinero en pesos chilenos y argentinos, dólares, reales, libras esterlinas y euros.
De esta manera, una causa iniciada por uno de los mayores operativos contra el contrabando de cigarrillos registrados en Magallanes llegará a juicio con una particular conexión fueguina: parte del circuito investigado comenzaba con el traslado de la mercadería a través del paso fronterizo San Sebastián, antes de continuar hacia Punta Delgada y finalizar en Punta Arenas.