Regulación de las billeteras virtuales: los 4 puntos de riesgo para los usuarios que señalan los bancos
Un análisis reciente realizado por el economista Miguel Kiguel junto a Andrés Borenstein y Alejandro Giacoia, financiado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), pone en foco el creciente rol de los Proveedores de Servicios de Pago (PSPCP), como Mercado Pago y Personal Pay, en el ecosistema financiero argentino. Según el informe, estas plataformas ya manejan fondos equivalentes al 10% del total de los depósitos transaccionales del sistema bancario.
En los últimos años, las cuentas de pago ofrecidas por estas billeteras digitales han crecido un 475,4% en términos reales, pasando de $0,61 billones en 2020 a $3,51 billones en 2024. Sin embargo, esta expansión contrasta con la caída del 32% en términos reales de los depósitos bancarios totales en el mismo período. Este cambio en el comportamiento financiero plantea nuevos retos regulatorios, especialmente en áreas como la liquidez, la seguridad de los fondos y la claridad en las operaciones de intermediación.
El informe destaca que las billeteras digitales operan con requisitos más flexibles que los bancos tradicionales, como la obligación de mantener los fondos en cuentas segregadas en entidades financieras. Aunque esto busca resguardar los depósitos de los usuarios, el informe advierte que estos fondos están a nombre de las empresas y no de los usuarios, lo que podría generar riesgos en caso de problemas financieros en las entidades que los custodian.
Otro aspecto señalado es la falta de claridad en los límites de operación de las PSPCP, especialmente en actividades de intermediación financiera. A diferencia de los bancos, estas plataformas no están obligadas a dedicarse exclusivamente a una actividad concreta, lo que aumenta el riesgo de conflictos en la asignación de fondos y prioridades de pago.
El informe concluye que, a pesar del impacto positivo de las billeteras digitales en la inclusión financiera y el crecimiento del comercio digital, la normativa actual es insuficiente para mitigar los riesgos asociados a su operación. Recomienda una regulación más estricta que contemple tanto la actividad de las entidades como las particularidades de cada servicio que ofrecen, con el objetivo de garantizar un equilibrio entre innovación y seguridad en el sistema financiero.