Reforman el régimen para importar maquinaria usada y amplían los equipos alcanzados
El Gobierno nacional modificó el Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas con el objetivo de agilizar inversiones, modernizar procesos industriales y fortalecer los controles sobre las empresas que accedan al beneficio. La medida actualiza las disposiciones vigentes desde 2016 e incorpora nuevos requisitos, plazos y sanciones.
La reforma mantiene como finalidad facilitar el ingreso de maquinaria y equipamiento usado destinado a proyectos productivos que permitan mejorar la competitividad empresarial, aumentar la capacidad de producción, diversificar actividades y generar empleo.
Entre las principales novedades, se amplió el universo de bienes que podrán ingresar bajo este esquema. A partir de ahora también podrán importarse equipos usados destinados al tratamiento o eliminación de contaminantes del aire, el agua o el suelo, siempre que formen parte de instalaciones industriales o plantas de generación de energía.
El régimen continúa exigiendo que los bienes integren una línea de producción completa y autónoma vinculada a un proyecto de inversión aprobado. Además, podrán incorporarse equipos complementarios y accesorios indispensables para su funcionamiento.
También se mantiene la posibilidad de importar sistemas automatizados de almacenamiento, conocidos como “almacenes inteligentes”, que combinan maquinaria, equipamiento y software para la gestión automatizada de productos.
En cuanto a la antigüedad, la normativa establece que los bienes usados no podrán superar los 20 años desde su fabricación. No obstante, cuando hayan sido reconstruidos o actualizados para extender su vida útil, el límite se amplía hasta los 30 años.
Obligación de adquirir bienes nacionales
Las empresas beneficiarias deberán realizar compras de bienes nuevos de origen nacional por un valor equivalente, como mínimo, al 10% del monto FOB de la maquinaria usada importada.
Esa inversión podrá destinarse tanto a la línea de producción incorporada como a otras áreas de la empresa o incluso a proveedores vinculados directamente con el proyecto productivo.
Controles más estrictos y nuevas sanciones
La reforma también endurece las penalidades para quienes incumplan las condiciones del régimen.
Entre las sanciones previstas se encuentra la ejecución total de las garantías constituidas cuando las empresas no presenten la documentación requerida, no concreten los proyectos comprometidos, hagan un uso indebido de la Constancia de Expediente en Trámite (CET) o incumplan con la compra mínima de bienes nacionales.
Además, se incorpora una multa equivalente al 20% de los tributos no abonados, a la que se sumarán intereses y cargos punitorios según corresponda.
Por último, el decreto establece que las nuevas disposiciones también alcanzarán a expedientes iniciados bajo normativas anteriores que aún tengan garantías pendientes de liberación o ejecución, así como a trámites que continúen en curso bajo regímenes previos.